Política


Gobierno de EPN pretende dar carpetazo a Ayotzinapa y Tlatlaya para que no afecten en 2018: Araceli Damián

Revolución TresPuntoCero

Parece ser que el Gobierno federal estaba esperando a que saliera el Grupo Interdisciplinario de Expertos para empezar a cerrar una serie de casos que le están causando mucho ruido y que le pueden costar políticamente mucho en 2018, aseveró Araceli Damián, diputada de Morena refiriéndose a las recientes resoluciones en los casos de Tlatlaya e Iguala.

La diputada sostiene que, en miras a las votaciones del 2018, la administración federal priista pretende dar carpetazo “para que no se conviertan en un factor que le afecte en las elecciones”, consideró

En entrevista con Reforma, Damián sostuvo que “en ninguno de los dos crímenes, se puede sostener que los casos estén concluidos, pues en Tlatlaya no ha habido justicia y en el caso de Iguala es insostenible pensar que no hubo desaparición forzada y que los 43 estudiantes normalistas fueron asesinados sumariamente como lo determinó un juez”.

“Están cerrando todas las puertas, pero en realidad están metiendo en una olla exprés a la sociedad, porque no hay una salida para todos esos crímenes, no hay justicia y parecería ser que se está configurando ya como una política de Estado, de desaparición, tortura y de falta de legislación en contra de esas conductas”, apuntó.

El día de hoy, derivado de la liberación el viernes pasado de los últimos tres militares involucrados en la masacre de Tlatlaya, Estado de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR)aportar nuevas pruebas para fortalecer las acusaciones contra los elementos del Ejército involucrados en las ejecuciones extrajudiciales contra 15 de los 22 civiles, entre ellos dos menores de edad.

Por su parte, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, dijo que la investigación en el caso Ayotzinapa continúa pues dicha resolución sólo se refiere a “una consignación que en su momento fue basada en la teoría de la PGR de que los estudiantes fueron asesinados en el basurero de Cocula”, considerando la resolución una “determinación judicial anacrónica”.

18 mayo, 2016
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