Ilustración: Pe Aguilar / @elesepe1
El gobierno de Enrique Peña Nieto tiene un récord de violencia en los últimos 11 meses. Ni siquiera la guerra contra el narco, de Felipe Calderón, tuvo una cuota de atrocidades similar a las que se han visto en este poco tiempo.
En total, sumando los seis eventos de extrema violencia en ese lapso, mismos que han dejado un saldo de por lo menos 90 muertos y 59 desaparecidos.
El primero, hace prácticamente 11 meses, tuvo lugar en la comunidad de San Pedro Limón perteneciente al municipio de Tlatlaya, Estado de México, donde 22 civiles fueron ejecutados al interior de una bodega abandonada, por elementos del Ejército Mexicano.
La versión “oficial” concluyó que se trató de un “enfrentamiento” entre delincuentes y efectivos de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, investigaciones periodísticas revelaron que al menos 15 de los 22 fallecidos fueron ejecutados a quemarropa y después se alteró la escena del crimen para sembrarles armas, por órdenes de altos mandos militares. Los sobrevivientes fueron torturados por policías estatales para que no revelaran las ejecuciones.
La Comisión Investigadora sobre el Caso Tlatlaya, en la Cámara de Diputados, confirmó que “se violaron los derechos a la vida en agravio de 15 personas; a la verdad y a la debida procuración de justicia en agravio de 25 personas y de un número indeterminado de víctimas indirectas, y a la integridad, en agravio de tres.”
“Alteración de vestigios y del lugar de los delitos, presuntamente por parte de elementos de la SEDENA; tortura e intimidaciones en agravio de las víctimas sobrevivientes”, etc. No obstante, nunca se procedió contra los responsables: Salvador Cienfuegos, Eruviel Ávila y Peña Nieto.
Casi seis meses después, el 6 de enero de 2015, 19 personas fueron asesinadas en el municipio de Apatzingán, Michoacán, a manos de policías federales.
El entonces Comisionado para la Seguridad de Michoacán, Alfredo “Virrey” Castillo, declaró que los fallecidos habían perecido en “fuego amigo cruzado”. Sin embargo, una investigación, de la periodista Laura Castellanos, reveló que los civiles eran autodefensas de diversos grupos, que estaban desarmados y que se habían rendido ante los federales antes de ser ejecutados.
Posteriormente, los elementos policiacos sembraron armas junto a los cadáveres para montar un escenario de “enfrentamiento” que nunca ocurrió. Imágenes y videos probarían que los policías federales asesinaron a quemarropa a los 19 civiles desarmados.
Y el 22 de mayo pasado, policías federales irrumpieron en un rancho ubicado en el municipio de Tanhuato, Michoacán, tras detectar supuesta actividad delictiva con presencia del cártel “Jalisco Nueva Generación”. En circunstancias no del todo claras, el operativo dejó como saldo 42 presuntos delincuentes muertos y un policía federal abatido.
Hasta el momento, la versión oficial indica que los sicarios atacaron a los policías que participaron en el operativo, por lo que éstos repelieron la agresión matando a todos los delincuentes. No dejaron ni un sólo herido y más de una día después de revelarse la matanza, se informó de tres detenidos.
En redes sociales circularon fotografías que mostraban supuestas inconsistencias, sugiriendo la alta posibilidad de que la escena de los hechos también fuera alterada.
En tanto, ayer se cumplieron ocho meses de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, secuestrados por policías municipales luego de haber matado a otros seis en una carretera de Iguala.
Dado que no se lograron identificar los restos supuestamente pertenecientes a los normalistas –que según la “versión oficial” fueron asesinados, incinerados y las cenizas arrojadas al río Cocula– la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acreditó el caso como una desaparición forzada, que constituye un crimen de lesa humanidad.
Asimismo, hoy venció el plazo que familiares de 16 personas desaparecidas el 9 de mayo pasado en Chilapa, Guerrero, dieron al actual gobernador de la entidad, Rogelio Ortega, para que las halle con vida tras haber sido ‘levantadas’ por civiles armados.
Lo único cierto en todo esto es que la violencia está fuera de control desde Enrique Peña Nieto iniciara su gobierno en 2012.
