*Ante el reciente ataque suscitado en contra de Adrián López Ortiz, director general del diario El Noroeste, el equipo de Revolución 3.0 se solidariza con el rotativo y los trabajadores que lo componen, pues no es la primera vez que ocurre; en anteriores ocasiones, grupos criminales no identificados han arremetido contra el medio por la labor informativa que cumple en territorio sinaloense.
(3 de abril, 2014).- La violencia contra periodistas retorna nuevamente a la escena en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y como ya es costumbre, no hay el mínimo viso de que las autoridades tomen cartas en el asunto.
Esta ocasión fue Adrián López Ortiz, director general del periódico El Noroeste, quien fue interceptado anoche, a las 00:00 horas, y posteriormente despojado de sus pertenencias (vehículo, cartera, teléfono celular, laptop y mochila). Sin embargo, cuando ya le habían robado completamente sus cosas, se regresaron los hampones y le dispararon en ambas piernas.
A estas alturas, seguramente las corporaciones encargadas de investigar el incidente lo catalogarán como un caso aislado sin relacionarlo con el trabajo periodístico del director y su equipo. Ése ha sido el modus operandi desde el siglo pasado mediante censura y asesinato de trabajadores de la información, quienes han revelado los vínculos entre gobierno y el crimen organizado.
Como ejemplo de ese intento por desviar la atención del móvil está la reciente ejecución de Gregorio Jiménez “Goyo” (cuya fuente era seguridad, específicamente secuestros) que todo el tiempo el gobernador, Javier Duarte, negó que se tratara de un ataque por su trabajo; también Regina Martínez de la Revista Proceso, señalada su muerte como parte de un caso pasional. Ambos eran veracruzanos.
Y es que los ataques hacia El Noroeste comenzaron a suscitarse luego de que publicaran hace poco más de un mes el nexo entre la policía de Mazatlán, Sinaloa, y el otrora líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera –capturado el pasado 22 de febrero por la Marina Armada de México en coordinación con la Drug Enforcement Administration (DEA)–. De fondo ¿qué se hallaba en la información?: la penetración del crimen organizado en las autoridades de dicha localidad avisando al capo cada que había operativos de la Sedena y la Semar.
En ese sentido, es preciso mencionar que el Mecanismo para la Protección de Periodistas demostró una vez más su pésimo funcionamiento para resguardar a los trabajadores de los medios. Éste no cumple los objetivos de su existencia. Al contrario, las autoridades hacen todo lo posible por burocratizar el proceso para alentar todo.
De esto dio cuenta hoy la organización Reporteros Sin Fronteras: “Durante su visita a México, del 31 de marzo al 3 de abril de 2014, el Secretario General de Reporteros sin Fronteras, Christophe Deloire, exhortó a las autoridades mexicanas a “reforzar lo antes posible el Mecanismo para la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos” creado en octubre de 2012.
Continúa: “Este país se ubica en el lugar 152, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa. Desde el año 2000 han sido asesinados en México 89 periodistas en ejercicio de sus labores y 17 se encuentran desaparecidos, según las estadísticas de la organización. La mayoría de los casos de asesinados son imputables al crimen organizado, al que los periodistas investigaban para desarrollar su trabajo; aunque en ocasiones, autoridades corruptas coludidas con los narcotraficantes fueron responsables de los crímenes”.
Los periodistas han sido blanco de los criminales que tienen distintas caras: la de sicarios, empresarios, funcionarios, gobernadores o instancias de seguridad. Sin embargo, como ha apuntado en diversas ocasiones la organización Artículo 19, la mayoría de los ataques provienen de funcionarios públicos.
Hasta ahora no se sabe cuál fue la razón por la que fue atacado el director del rotativo, ya que había entregado sus objetos de valor. No obstante, hay una constante que no cambia, y ésta es que, detrás de trajes finos y una retórica política, se esconden los delincuentes de cuello blanco maquinando censuras, amenazas y asesinatos contra aquellos que dañan intereses, en mayor medida, relacionados con impunidad y corrupción.
En efecto, la violencia sistemática emprendida contra el diario El Noroeste, no es un suceso casual, de hecho, posterior a la publicación de “El Chapo” y la policía municipal, sufrieron seis ataques en ocho días. Todos ellos minimizados por el gobierno sinaloense de Mario López Valdés, acusado por el semanario Río Doce de mantener presuntas relaciones con el narco.
Este hecho y otros más reproducidos alrededor de toda la República Mexicana en diversos medios de comunicación – chicos, medianos y grandes, ya sean de prensa, radiofónicos, televisivos o digitales- resultan ser sintomáticos de un país que no tiene como prioridad proteger a quienes cumplen una responsabilidad con la ciudadanía.
La administración de Enrique Peña Nieto -así como las de Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa- es indiferente ante la situación de los periodistas. Sólo hace caso una vez que la presión mediática se torna incontrolable debido a que trasciende las fronteras, pero, de otro modo, sólo dejan que éstos se enfríen sin manifestar nada al respecto. Esperan como siempre dar paso al “carpetazo”.
Lo anterior es una prueba más de que el gremio no puede ni debe estar en completo aislamiento, sino en unidad sin importar la fuente o puesto que se desempeñe en una estructura de los medios de comunicación. No se puede confiar más en el gobierno, dado que no han rendido resultados favorables -basta analizar el número de casos resueltos- en el sentido de impartir justicia como está claramente contenido en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
Colombia, por ejemplo, país donde se vivieron momentos de crisis para los periodistas -tal como narra Gabriel García Márquez, en su libro Noticia de un Secuestro- reaccionó posterior al asesinato de Guillermo Cano Isaza, director del diario El Espectador. ¿Cómo lo hicieron? Del siguiente modo: mediante la unión de todos los medios sin importar creencias, ideologías o líneas editoriales. Tenían claro que, en conjunto, los trabajadores de la información debían exigir para volverse un grupo sólido y no solitario; así como un grupo de investigación conformado por todas las empresas informativas para documentar estos episodios como el que anoche vivió López Ortiz, pues, lo cierto es que ya no es suficiente la respuesta del Estado, dado lo inverosímil del discurso oficial.
