Morelia, Michoacán. En estos momentos en Michoacán el gran pendiente en materia indígena es que el Congreso del Estado se ponga a legislar, ya que pese a los avances que en derecho indígena se han dado en la entidad los diputados no le han entrado al asunto hasta el momento.
Para el consejero electoral Humberto Urquiza Martínez, integrante de la Comisión Electoral para la Atención de Pueblos Indígenas del IEM, es necesario que el Congreso retome el tema indígena para establecer en la ley criterios en materia indígena no sólo administrativos o de fiscalización de recursos, sino también de gobierno.
“El vivir en un estado constitucional de derecho permite el reconocimiento del estado plural, y éste lleva la idea de la conformación de varias culturas, en el artículo segundo de la Constitución federal y en el tercero de nuestra Constitución local se enmarca esta idea de la pluriculturalidad del Estado Mexicano y del Estado de Michoacán; a raíz de eso el Instituto se ha visto en el gran reto de hacer consultas en comunidades indígenas que producto de su lucha en tribunales han ganado el reconocimiento de ser sujetos de derecho público, lo que lleva a la construcción de nuevos paradigmas de lo político y de lo público; algunos autores ya hablan de un cuarto orden de gobierno que es el comunitario.
“En esa lógica creo que el tema de la fiscalización y la rendición de cuentas, es un gran tema; ojalá el Congreso pueda retomar esto que tiene pendiente y que es el tema indígena”.
Cabe apuntar que el pasado 15 de marzo el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobó el arranque del proceso de consulta en Arantepacua para que acceda directamente a la parte de presupuesto que le corresponde del municipio de Nahuatzen, situación que evidenció –una vez más- la omisión del Congreso para legislar en la materia.
De acuerdo con Urquiza Martínez, es importante que se empiece a trabajar el tema en el Congreso, que no se deje del lado porque tras casos como Pichátaro, en Santa Fe de la Laguna y Arantepacua el tema puede replicarse en otras comunidades.
“Si no se legisla también sobre la relación que debe existir entre el ayuntamiento y las comunidades que forman parte de un municipio seguiremos viendo esos fenómenos; también, si no vemos una voluntad de trabajar con las comunidades para que el recurso que tienen se pueda trabajar conjuntamente con ellos y que la ejecución sea a través de una especie de presupuesto participativo municipal –que por cierto ya está en la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana-, evidentemente que estaremos viendo este fenómeno de segmentación del poder en comunidades.
“Creo que esta es la oportunidad para cambiar el modelo jurídico en el estado de Michoacán y sobre todo la cultura de cómo visualizar el funcionamiento de las comunidades indígenas desde la perspectiva del poder porque se convierten en autoridad sujetas a un régimen de responsabilidad y lo decíamos en las etapas informativas de otras consultas que se han hecho, incluso pueden ser sujetos de inhabilitación del cargo”.
