En septiembre de 2013 el paso de las tormentas Ingrid y Manuel dejó daños a diferentes niveles en 26 estados de la República mexicana, las pérdidas fueron humanas y materiales. Este par de fenómenos meteorológicos también dejaron al descubierto el nivel de negligencia y en algunos casos corrupción de algunas autoridades. Así mismo, se pudo percibir que la falta de preparación y respuesta para atender problemas urgentes de la población como el de la alimentación o servicios de salud.
Por José Omar Rabago Vital / Fuente: Radio Nederland
(27 de febrero, 2014).- El Servicio Meteorológico Nacional ya había anticipado los fenómenos en su temporada de Ciclones del 2013. La Subsecretaria de Protección Civil de Guerrero confirmó que la alerta se recibió y se envió a todos los municipios con 72 horas de anticipación, el jueves 12 de septiembre, como lo indica el protocolo y se emitió un boletín advirtiendo de las fuertes lluvias. Evidentemente las autoridades no respondieron de manera adecuada y no actuaron debidamente. Las autoridades fed erales, a través de Protección Civil, alegan haber avisado con tiempo a las autoridades locales. Todo ello pone de manifiesto que éstas no actuaron debidamente y hasta se podría presumir que de manera negligente.
Según cifras oficiales de la Secretaria de Gobernación, Ingrid y Manuel dejaron al menos 157 muertos en todo el país, de los cuales 101 personas se encontraban en Guerrero. 8.500 viviendas sufren daños estructurales irreversibles en el estado de Guerrero (esto sin contar 13 comunidades en ese estado).
Hay que poner en contexto la situación económica de Guerrero, ya que este estado fue de los más afectados por las tormentas pero además históricamente ha sufrido de grave marginación: Mapa de marginación en México.
La federación destinó 7.000 millones de pesos para la reconstrucción de, entre otros, la infraestructura de Guerrero. El Estado resultó ser el más afectado por las tormentas. Estos recursos se sumaron a los 7.217 millones de pesos aprobados por el Fondo Nacional de Desastres.
Además de los daños materiales y miles de damnificados se pudo constatar la corrupción al otorgar permisos para construir en humedales y lagunas secas, lo que trajo consecuencias desastrosas. La Secretaria de Gobernación admitió omisiones tras daños de tormentas en materia de Protección Civil en los tres ámbitos de gobierno. Específicamente de los permisos para construir en las zonas de Renacimiento y Colosio en Acapulco, Guerrero.
Los damnificados abandonados a su suerte
Ante la falta de respuesta de las autoridades, las comunidades decidieron actuar. Al respecto, el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero (CCDM), que inició bajo el nombre de Consejo de Comunidades y Pueblos Indígenas Afectadas del estado de Guerreo el 23 de septiembre criticó tanto a las autoridades locales como federales. Les mostraron una radiografía de 55 comunidades y pidieron ser escuchados, y reconocidos como interlocutores válidos de sus comunidades ante las autoridades.
La ayuda que no llega
En febrero de 2014 una nota mostraría como las autoridades del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guerrero mantenían, en sus instalaciones, ayuda humanitaria que no había sido entregada a las zonas más necesitadas ayuda humanitaria. Incluso a pesar de que las comunidades denunciaban la falta de apoyo por parte del gobierno.
Posteriormente en ese mismo mes, 5 meses después de Ingrid y Manuel, se logró un acuerdo con las autoridades estatales y federales para la implementación de un programa de abastecimiento de granos básicos para más de 20 mil familias de cerca de 200 comunidades, en 12 municipios afectados por las tormentas de septiembre. Todo esto bajo la propuesta “Que Llueva Maíz” como un programa extraordinario de abastecimiento de granos básicos, a través de autoridades comunitarias y sin intermediarios para entrega de maíz, frijol y arroz en las comunidades afectadas por el paso de los huracanes Ingrid y Manuel. El compromiso del Estado mexicano fue garantizar el derecho a la alimentación de las familias afectadas por las tormentas al dotar de techo presupuestal la total implementación de dicho programa emergente.
Si bien se habla de que los daños causados por las tormentas y fuertes lluvias, la situación de vulnerabilidad que vive la población ante estos fenómenos es la que debe resaltarse.
Sabemos que fenómenos hidrometereológicos siempre habrá, lo que hay que analizar es el desempeño de las autoridades al respecto. Un elemento es la no repetición y el sancionar a los funcionarios que hayan tenido responsabilidad de atender o no a la población en necesidad. Hasta el momento no existe ninguna persona consignada ya sea por corrupción o negligencia.
Habrá que estar pendiente de la implementación de dicho programa. No sólo de acuerdos se va a solventar la crisis alimentaria que se vive en la Montaña de Guerrero y la Costa Chica. Hay que dar seguimiento a que dichos acuerdos se materialicen y llegue el alimento a las familias que lo necesitan. Es necesario que haya transparencia y eficiencia por parte de las autoridades para generar confianza entre la población afectada. Por lo que hay que apoyar a la gente de la montaña de Guerrero y las organizaciones que les acompañan como Tlachinollan Centro de Derechos Humanos para impulsar que se cumplan los acuerdos y que se busque atender la situación de marginalidad y vulnerabilidad de las personas en dicha zona.
