La urbanización desmedida de la ciudad sin planeación alguna a partir de la década de los años sesenta, sin considerar condiciones hidrometeorológicas y de otra índole, tienen como consecuencias “obvias” las inundaciones que se presentan en la ciudad cada temporada de lluvias, señaló el investigador de la Universidad Michoacana, Guillermo Vargas Uribe.
Especialista en la dinámica de Morelia, desde su fundación hasta nuestros días, el geógrafo reitera los conflictos que genera una ciudad incomunicada al ser cruzada por dos ríos, Grande y Chiquito, y la inacción oficial para construir puentes y vialidades que liberen una carga vehicular creciente y sobre todo prevengan de daños por las inundaciones, las que, dice críticamente, no han sido preocupación de las administraciones municipales, sean del partido que sean.
El asentamiento de Prados Verdes, refiere, fue sobre ciénegas “que se desecan, se urbanizan, pero el terreno está por abajo del máximo nivel del río, entonces cada vez que llueve hay inundaciones en esas partes bajas y ha habido obras absurdas como hacer una pared” para intentar contenerlas.
En Prados Verdes, dice, el Ayuntamiento ha pretendido remediar una situación exacerbada por las mismas acciones oficiales. En primer lugar, dice, se crean asentamientos como en esa zona –que además es de riesgo por razones naturales-, en un nivel debajo del bordo del río. La construcción de una barda sobre la avenida Guadalupe Victoria y su cruce con el cauce, en Avenida Solidaridad, es a su juicio un ejemplo de “obras absurdas”. A ello suma que “no se draga preventivamente, para que el nivel del río siempre vaya por debajo de la ciudad, aquí no, se azolva y se va acumulando el lodo y nadie se da cuenta, y el gobierno no hace nada”.
Habla de las lagunas de Tarímbaro, de la Soledad, de los ejidos y de todos los humedales que “se urbanizaron” y que ahora tiene altos costos para la ciudad, en la que identifica como sus principales problemas a la movilidad, un deterioro de sus áreas verdes –donde estima que 80 por ciento de los bosques de la cuenca está sobreexplotado-, el suministro de agua y los riesgos ante emergencias ambientales, conflictos que “ningún gobierno los gestiona de manera integral, no tienen la idea, el concepto de cuenca, de patrimonio”.
De los 170 millones de pesos que aduce se van a gastar en obra pública este año, “quisiéramos saber en qué se van a invertir”, señala el investigador, quien insiste en una planeación con obras adecuada a las necesidades reales.
“Hacen foros, pero a la gente no la toman en cuenta”, apuntala. El Ayuntamiento debiera, sugiere, convocar a los colonos y que éstos definan las obras necesarias en sus asentamientos.
