Redacción / @Michoacan3_0
Morelia, Michoacán.- Tras las denuncias de los ex policías y ex ministeriales, respecto a presuntas extorsiones de parte de los nuevos mandos policiales provenientes del Estado de México, la presidenta de la Comisión de Justicia, Selene Vázquez Alatorre, informó que analizará las denuncias de los ex servidores públicos, luego de las declaraciones de los ex policías quienes informaron que los obligaban a entregar grandes cantidades de dinero para poner mantener su puesto.
Al respecto, la diputada insistió en que es una obligación constitucional que el secretario de Seguridad Pública Carlos Hugo Castellanos, comparezca ante el Congreso del Estado, para que explique las razones de los despidos, así como los criterios para contratar nuevos servidores públicos, muchos originarios del Estado de México.
Sobre esta situación, Vázquez Alatorre enfatizó que también el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, debe mostrar apertura y sensibilidad para tratar este problema, cediendo de entrada el derecho de audiencia con los 239 elementos despedidos.
Y es que, consideró que de ser ciertos dichos señalamientos, pueden configurar delitos, por lo que deben ser analizados a profundidad de manera responsable, luego de que
tras la manifestación que protagonizaron este martes, los ex policías y ex agentes de tránsito acusaron que los actuales jefes provenientes del Estado de México les pidieron entre 10 mil y 50 mil pesos -dependiendo del cargo-, para su permanencia en la corporación. expolicías quienes informaron que los obligaban a entregar grandes cantidades de dinero para poner mantener su puesto.
Al respecto, la diputada insistió en que es una obligación constitucional que el secretario de Seguridad Pública Carlos Hugo Castellanos, comparezca ante el Congreso del Estado, para que explique las razones de los despidos, así como los criterios para contratar nuevos servidores públicos, muchos originarios del Estado de México.
Sobre esta situación, Vázquez Alatorre enfatizó que también el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, debe mostrar apertura y sensibilidad para tratar este problema, cediendo de entrada el derecho de audiencia con los 239 elementos despedidos.
Y es que, consideró que de ser ciertos dichos señalamientos, pueden configurar delitos, por lo que deben ser analizados a profundidad de manera responsable, luego de que
tras la manifestación que protagonizaron este martes, los ex policías y ex agentes de tránsito acusaron que los actuales jefes provenientes del Estado de México les pidieron entre 10 mil y 50 mil pesos -dependiendo del cargo-, para su permanencia en la corporación.
