César Vázquez / @LetraMia
Morelia, Michoacán.- Del 2003 al 2012 se han generado ocho modificaciones a la deuda pública de Michoacán, desde entonces el monto de siempre ha ido en ascenso, incrementándose de 730 millones de pesos a 25 millones de pesos actualmente, con una obligación a pagar 14.3 millones de pesos a corto plazo, y el resto a largo plazo.
En este mismo periodo se han hecho 7 reformas a la Ley de Deuda que entró en vigor desde el 2013 y que con estas alteraciones se ha permitido un manejo discrecional de los recursos que el gobierno obtenía mediante el sistema de endeudamiento, según lo denunció la asociación civil Centro Michoacano de Evaluación (Cemide).
Los últimas endeudamientos fueron incluso sin autorización previa del Congreso del Estrado, hasta el 2012, cuando se autorizó otra modificación pero se condicionó que todas las reestructuras deberían ser previamente avaladas por el Congreso, y lo que ahora se pretende modificar, sería para pagar deudas de corto plazo, lo que va contra la constitución Mexicana e incluso contra las leyes de Michoacán.
Jesús Alva Aguilar, integrante de esta asociación, de este monto se han solicitado 11 mil 371 millones de pesos en contratación de deuda pública siempre para el pago de pasivos, donde se argumenta el pago de obra convenida de otros años, pago de créditos a corto plazo, pago a proveedores, pago de nómina pago de viáticos nacionales y hasta gastos de operación.
Otros 3 mil 70 millones de pesos se gastaron en obra parcialmente identificable; mil 180 millones de pesos más se justificaron en conceptos de reserva territorial, programas de fomento y fortalecimiento a municipios, desarrollo industrial y otros apoyos. El resto de la deuda se justificó con pagos a corto plazo.
Y la pretensión actual del Ejecutivo del Estado es solicitar una nueva reestructura hasta por 800 millones de pesos, para pagar obligaciones contraídas por el Gobierno del Estado en cualquier tiempo cuyo destino hubiese sido inversión productiva.
“Esta es la modificación que solicitan en el Decreto 22, pero no explican nada de información cuantitativa que informe a los ciudadanos o los legisladores, determinar el monto del recurso que se reestructura ni las condiciones de contrato”, explicó el Alva Aguilar.
En este sentido, posicionaron que si no se trasparenta el uso de este recurso y el Congreso lo aprueba en estas condiciones, incluso apelarían a una denuncia penal, argumentando que al pretender mejorar las condiciones de la deuda pública, se están contradiciendo políticas de trasparencia y rendición de cuentas.
“Es difícil que los ciudadanos puedan identificar en dónde se gastó el recurso, se han gastado bajo el argumento de que ‘ya debemos el dinero, préstese para pagar a proveedores’”, explicó el representante de la organización civil.
Incluso evaluaron que hay muy pocas obras identificables en Michoacán, y si busca qué hicieron con los montos de las deudas, solo se encuentra la presa Francisco J Mújica y tres centros penitenciarios, no hay mayor obra de relevancia.
“Sí queremos que el Gobierno tenga liquidez, pero ya no queremos las prácticas que se han venido dando en los últimos 15 años, por eso pedimos que autorizar una nueva deuda no sea una responsabilidad sólo de los diputados, que los órganos representativos de la sociedad se integren a la revisión para que sean vigilantes, porque si seguimos así va a seguir creciendo la deuda de manera irresponsable”, fijaron los integrantes de Cemide.
