Lo que antes se consideraba como una discusión necesaria entre la educación pública y la privada, hoy tiende a volverse un tema estéril toda vez que la educación privada ha ganado espacios importantes en la asignación del presupuesto público a través de la aceptación de estudiantes de bajos recursos apoyados con becas de la Federación, el financiamiento –todavía restringido- de investigaciones en “áreas prioritarias” y otros apoyos con recursos del erario público.
En tanto, la educación pública ha sido empujada al terreno de lo privado al considerarse como parte del “mercado educativo”, en donde la educación ha dejado de ser un derecho para ser considerada simple y llanamente como un servicio, concesionado, y, como tal, regulado por las reglas del mercado específico. Así, las competencias educativas (en su acepción contra pedagógica oficial) queda atrapada en el entramado del libre mercado, regulado (ficticiamente) por la calidad y la eficiencia de su producto terminal: los estudiantes y los egresados.
Sin embargo, tristemente al final del peñanietismo en Michoacán, cuando se ha consumado por anticipado el año de Hidalgo (chin chin el que deje algo) y supuestamente habiendo quedado vacías las arcas del estado, se pretendía cobrar los servicios educativos… pero ¿Qué es eso? Vale la pena, y es necesario, recordar que la educación es un derecho constitucional garantizado por la constitución mexicana; el cual ha sido violado de manera artera una y otra vez desde los años 90´s del siglo pasado, con la bandera del neoliberalismo y tratando de convertir ese derecho en un simple servicio de particulares y entre particulares, como lo es la electricidad, el agua, y hoy la gasolina.
El razonamiento ha sido simple: es un derecho que se paga como un servicio, sobre todo cuando el estado ha cedido esta garantía constitucional a la iniciativa privada.
Recordemos que los derechos constitucionales están encaminados a la formación y al pleno reconocimiento de los ciudadanos; el mercado está enfocado a formar clientes y a reconocer su libertad de consumo.
Desgraciadamente debemos reconocer también que vivimos en un país donde la corrupción es parte fundamental de la cultura gubernamental (Peña Nieto lo dijo) y por ello: así el presupuesto destinado a la educación se ha desviado a los bolsillos particulares o campañas políticas, parece natural que los gobernantes y achichincles argumenten que lo más justo es que el pueblo trabajador , como siempre, pague los platos rotos.
Ahora, puestos del lado de los trabajadores, a quienes se nos adeudan aguinaldos y/o prestaciones de ley, más que preguntarnos ¿cuándo y cómo se nos van a pagar? Dado que el gobierno ha designado como interlocutores eficientes a los granaderos, y próximamente a las fuerzas militares, la pregunta es ¿cuántos macanazos nos corresponden por cada peso endeudado?¿cuántos macanazos por cada violación constitucional por parte de los gobernantes?
Invertida la historia y cualquier acto de fantasía, podemos asegurar que en el país de nunca jamás Peter Pan es un malvado cuyo destino manifiesto es perturbar la paz eterna puesta en manos del capitán Garfio.
