El cuerpo de Seguridad Pública que opera en la capital michoacana, tiene un negro historial ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH); a pesar de que se presentan como policías certificados y gente profesional, cometen abusos como privaciones ilegales de la libertad.
De acuerdo con el registro de la CEDH, precedida por Víctor Serrato Lozano, de 101 quejas que se han recibido durante el 2017 y parte de este año en contra el ayuntamiento que encabeza Alfonso Martínez Alcázar, la mitad son encontra de los elementos de seguridad.
Entre las acusaciones más alarmantes, hay cuatro casos en los que se denuncia que no se respeta el derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
En otras seis denuncias se acusa a los elementos de Seguridad Pública de Morelia de haber sido protagonistas de privaciones ilegales de la libertad.
En 18 casos los policías fueron acusados de uso desproporcionado o indexe la fuerza pública; en nueve situaciones no se respetó el derecho a la fundamentación y motivación; en 5 casos se abrió carpetas por negar el acceso a la justicia, y otras ocho denuncias se siguen un proceso por otros motivos.
En total los elementos de seguridad municipal acumularon 47 quejas durante el año pasado, y en lo que va del 2018 hay 3 juicios contra esa corporación.
Es de destacar que el mismo alcalde Alfonso Martínez, ha presumido que en su administración Morelia pasó de tener 120 policías municipales, a 700 elementos actualmente.
En un comunicado que circuló este martes 20 de febrero, Alfonso Martínez anunció también que este año Morelia recibirá un apoyo de 60 millones de pesos, tras firmar un convenio para la transferencia de recursos presupuestarios federales a través del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública de los Municipios (Fortaseg).
Ello a pesar de que siguen siendo los elementos encargados de resguardar a los moreliados los que más acusaciones tienen por parte de los ciudadanos.
En el resto de quejas, otras 51, contra de la administración de Alfonso Martínez, se señalan violaciones a los derechos humanos por carencia o negación de algún servicio público en distintas dependencias del Ayuntamiento, o incluso por malas condiciones laborales.
