En Michoacán la Ley de Salud está rebasada, ya que no se apega ni a los tratados internacionales signados por México ni a la legislación federal, al no contemplar ni la universalidad, ni de la gratuidad de los servicios de salud.
Lo anterior conforme a la iniciativa presentada este jueves por la legisladora tricolor Yarabi Ávila González, que plantea reformar la referida norma local e incorporar ambos conceptos en ella.
Refirió que en la entidad la Ley de Salud ha sido rebasada por la realidad social, “nuestro incipiente sistema de salud carece de infraestructura, equipo, condiciones para que el personal médico ofrezca servicios de calidad de los servicios de salud, acceso a medicamentos, pero a la par la rendición de cuentas y transparencia de los recursos de salud y su uso, siguen siendo un pendiente en las cuentas públicas estatales, es este sector junto con el educativo, son quienes mayores dificultades se enfrentan al momento de llevar a cabo los procesos de fiscalización”.
Algunos datos enlistados por la legisladora en su iniciativa refieren que alrededor de tres millones 392 mil michoacanos están afiliados a algún servicio de salud, lo que representa un 74 por ciento del total conforme al Consejo Estatal de Población (Coespo), sin embargo, “esto implica que un 26 por ciento más de 200 mil michoacanos no tienen acceso a estos servicios.
“El 60 por ciento de los derechohabientes está inscrito en el Seguro Popular, el 28 por ciento al IMSS, el 7.8 por ciento al ISSSTE, el 1.53 por ciento a una institución privada, y el resto a Pemex, Sedena u otro centro”.
Recordó que a nivel internacional la lucha por generar condiciones de igualdad entre los seres humanos para establecer el acceso a la salud de manera universal ha sido un planteamiento que se ha hecho desde la Organización Mundial de Salud (OMS) en el Plan de la Estrategia Mundial para la Salud de la mujer, el niño y el adolescente 2016- 2030.
“Este organismo internacional hace una serie de recomendaciones a los Estados miembros, entre las que se encuentran generar condiciones en el marco legislativo y en las políticas públicas con la finalidad de que el acceso universal y gratuito a los sistemas de salud sean una realidad”.
