(8 de abril del 2014).- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), se sumó a la ola críticas en contra de la Ley Secundaria en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, propuesta por Enrique Peña Nieto, ya que “contiene disposiciones que son contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución mexicana, así como en los distintos tratados internacionales”.
La iniciativa turnada por el ejecutivo al senado de la república, desde el pasado 24 de marzo, ha levantado un ámpula entre distintos sectores de la población mexicana, sobre todo entre los jóvenes y comunicadores, ya que ésta facultará a la Secretaria de Gobernación con poderes extraordinarios para la vigilancia, censura y bloqueo de señales de internet y telefonía celular en situaciones donde se amenace “la seguridad social”.
La institución presidida por Perla Gómez Gallardo, mediante un comunicado, afirmó que la propuesta legislativa vulnera la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información; establece controles ilegítimos a medios de comunicación públicos y sociales; introduce mecanismos de censura previa, retira facultades especiales del Instituto Federal de Telecomunicaciones y además carece de perspectiva de género.
En especial, apuntó que los artículos 134 y 194, “amenaza la privacidad de las personas y controla el Internet”, afectando, de esta manera, los derechos sociales que se ejercen de manera digital en el cyber-espacio.
Por otra parte, la CDHDF, también le hizo señalamientos al artículos 197, ya que, como han señalado varios especialistas en materia de derechos de internet, permite bloquear, inhibir o anular servicios de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional, cuestión que podría violentar los derechos a personas, ya que su interpretación, quedaría en manos de las autoridades judiciales o preventivas.
Habría que recordar, como lo ha señalado Revolución Tres Punto Cero, que los artículos 134 y 194, que la propuesta peñista faculta a los “concesionarios (estarán obligados a conservar y) deberán entregar los datos conservados a las instancias de procuración de justicia e instancias de seguridad que lo requieran”; la segunda, implícitamente dice que “toda tu comunicación de voz, datos, mensajería instantánea se quedarían grabadas en alguna plataforma para algún uso que la autoridad requiriera”.
Al respecto, dicho organismo exteriorizó:
“La CDHDF considera que el proceso de dictaminación, análisis y aprobación de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones, debe incorporar los estándares internacionales y nacionales de derechos humanos y ponerlos en el centro de la misma. Para esto, el proceso debe ser plural, abierto y debe contar con la presencia de especialistas relacionados con cada uno de los temas con los que la legislación se relaciona.”
Por último, recalcó que el diseño general de la misma, se ha centrado en la pelea de los grandes consorcios mediáticos y televisivos, olvidando prioridades en asuntos como la inclusión social en equidad de género, así como la comunicación y expresión de personas con discapacidad, niñas y niños.
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El 5 de abril, integrantes de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), protestaron en contra de lo que llamaron “la segunda ley televisa”, al asegurar que condena a la extinción a las emisoras, al no incluir garantías para acceder al espacio radioeléctrico ni a fuentes de financiamiento. Sobre todo, condenaron que su discusión se ha centrado en la polémica desatada entre Grupo Dish y Televisa-Tv Azteca, más no en un agenda de inclusión social.
