Organizaciones pertenecientes a la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, expresaron su rechazo a la iniciativa de ley en la materia que Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión el pasado 10 de diciembre. Entre otras cosas, afirmaron que en la propuesta del Ejecutivo no se retoma la voz de las víctimas ni las exigencias de distintas organizaciones para contar con una legislación que cumpla con los estándares internacionales.
Las OSC-entre ellas el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, el Comité Cerezo México, así como el Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero- criticaron la tardanza del Ejecutivo para hacer llegar su propuesta. Lamentaron que así como expresaron meses atrás, Enrique Peña Nieto presentó una iniciativa “en el último minuto y sin retomar la mayoría de las exigencias de las víctimas, organizaciones de derechos humanos y organizaciones populares”.
En lo referente, lamentaron que el Senado de la República no mostrara disponibilidad para iniciar un debate amplio con la sociedad que permitiera construir una legislación óptima. Reprocharon que la falta de voluntad del Ejecutivo, así como de la Cámara Alta, ha provocado que se incumpla con el plazo establecido para contar con la nueva ley general en materia de desaparición forzada.
“El Senado de la República tuvo tres meses para iniciar la discusión, análisis y consulta para expedir una Ley General y no lo hizo, bajo el pretexto de esperar la iniciativa del Ejecutivo. Lo anterior tiene como consecuencia que la discusión de la Ley General inicie hasta el mes de febrero del 2016, violando con ello los términos legales que daban 180 días para legislar en la materia pero sobre todo demuestra nuevamente la falta de interés y voluntad política para legislar en materia de desaparición forzada”, señalaron.
Las organizaciones de la Campaña recordaron que desde el mes de septiembre enviaron una propuesta de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas cometida por Particulares. Enfatizaron que este esfuerzo se realizó desde las víctimas y para las víctimas; además que cuenta con el aval de 274 organizaciones.
Los integrantes de la Campaña subrayaron que la desaparición forzada es una política de Estado que se utiliza en contra de las personas o grupos que van en contra de los intereses del gobierno. Además reiteraron su rechazo a que en la futura ley se omita en el título el término desaparición forzada, ya que sería achicar la responsabilizar del Estado en la comisión de este delito.
“Sí bien es cierto que existen desapariciones sin la actuación de agentes del Estado, el Estado mexicano tiene la obligación de buscar, investigar y sancionar a los responsables de estos delitos (…)No se puede diluir ni quitarle la centralidad al Estado en las desapariciones forzadas cometidas en nuestro país, pues ello significaría seguirle el juego al Estado en el no reconocimiento de éste como el principal responsable por comisión de las desapariciones forzadas y por omisión de las desapariciones a manos de particulares”, apuntaron.
Críticas a la Ley de EPN
Las organizaciones pertenecientes a la Campaña abundaron sobre algunos puntos contenidos en la iniciativa de ley enviada por EPN.
En primera instancia, criticaron la propuesta del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el cual se incluye en la iniciativa. Explicaron que es un error contabilizar en un mismo registro a víctimas de desaparición y a personas no localizadas, pues las primeras son víctimas de un violación grave a derechos humanos. “El Estado mexicano busca, nuevamente, ocultar la realidad y la gravedad del problema en nuestro país”; señalaron.
Por otro lado puntualizaron que la iniciativa de EPN utiliza una definición de desaparición forzada que no es la establecida en la Convención Interamericana e internacional sobre desaparición forzada. Con esto, explicaron, se limita la responsabilidad del delito de desaparición forzada sólo a algunos servidores públicos, dejando fuera a agentes del Estado como los militares.
Aunado a lo anterior, explicaron que la ley propuesta por el Ejecutivo sólo atenderá los casos de desaparición que se presenten a partir de su entrada en vigor. Es decir, los casos que ya se encuentren abiertos no podrán tratarse bajo los criterios de la nueva ley, “impidiendo con esto la reclasificación del delito en casos donde se encuentran bajo otros tipos penales como el de secuestro”.
Asimismo lamentaron que en la nueva legislación no se establece como agravante de la desaparición, que el delito sea cometido en contra de defensores de derechos humanos, activistas, luchadores o periodistas.
“Las atenuantes establecidas en la iniciativa permitirán que los perpetradores salgan en libertad en un tiempo que va de cinco a 50 años, si es que se les impone la pena máxima establecida para los casos de desaparición forzada. Además, a los agentes del Estado sólo se les aplicarán la inhabilitación por el mismo tiempo que cumplan en prisión, por lo que al salir pueden volver a ejercer algún cargo público, permitiendo con esto la continuación de la práctica de la desaparición forzada.”
Las organizaciones criticaron que la nueva ley pretender delimitar la coadyuvanza de los familiares en las investigaciones, argumentando que obstaculizan las pesquisas. Sin embargo, cabe destacar que en los últimos años los familiares han hecho suyas las aterras de investigador para dar con el paradero de su ser querido. Además lamentaron que las penas previstas para los responsables del delito de desaparición forzada no son equiparables a la magnitud del crimen.
“En los apartados de búsqueda y registro forense en ningún lado se menciona las instalaciones de las Fuerzas Armadas como parte de las líneas de investigación y búsqueda de las víctimas (…) No se menciona la creación de un Instituto Nacional Autónomo de Investigación Forense. La cual también ha sido una exigencia de las familias ante la desconfianza”, apuntaron.
Ante estas “graves omisiones” en la ley propuesta por el Ejecutivo, la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada se pronunció en desacuerdo con “el intento del Gobierno Federal de legislar una Ley que no cumple en su totalidad con las recomendaciones hechas por instancias internacionales y desatiende la mayoría de las exigencias hechas por las familias de víctimas; además de seguir protegiendo a las Fuerzas Armadas por su participación directa o indirecta en esta práctica”.
Enfatizaron que la ley de EPN, lejos de garantizar los derechos humanos, minimiza la gravedad del problema y pretende deslindar al Estado de su responsabilidad en la comisión de dichas vejaciones.
