En México la violencia contra las mujeres es un fenómeno latente que camina de ida y vuelta entre lo público y lo privado. No obstante la exposición pública de casos de feminicidios, agresiones y hechos delictivos, la condición de vulnerabilidad de las mujeres permanece.
El incremento de normas, reglamentos y protocolos no encuentran aún una efectividad profunda para contrarrestar la realidad de violencia que las mujeres mexicanas enfrentan día a día, en tanto que la defensa de los derechos de las mujeres es discurso general, aunque no se entienda de fondo de qué van esos derechos y sus alcances.
De acuerdo con ONU Mujeres, en México en promedio se asesina a una mujer cada 24 horas, y el grado de agresividad con que se les mata cada vez es mayor. Las cifras de las autoridades mexicanas son más alarmantes.
Para 2018 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su reporte de delitos y víctimas contabilizó 786 víctimas de feminicidios en todo el territorio nacional en ese año.
El pasado 6 de marzo de 2019, la Secretaría de Gobernación reportó que en México cada 160 minutos se comete un feminicidio, y conforme a su último reporte tres mil 580 niñas y mujeres son víctimas de violencia y hay 333 solicitudes de declaratoria de alerta de género en 17 estados.
México es la segunda nación del mundo exportadora de mujeres a otras naciones, sólo por debajo de Rusia. Y es que nuestro país se encuentra entre los 20 del planeta que más número de emigrantes mujeres registra. Michoacán es el segundo estado de la República con mayor flujo migratorio, lo antecede solamente el Distrito Federal.
Lo anterior conforme a los datos del Anuario de Migración y Remesas elaborado por la Secretaría de Gobernación y el Consejo Nacional de Población, en coordinación con la Fundación BBVA Bancomer.
En México se emiten pronunciamientos y normas contra la violencia hacia las mujeres, a la par de que se promueven y aprueban restricciones para que éstas no decidan sobre sus cuerpos aún y cuando sus vidas corran riesgo.
En ese sentido organizaciones de mujeres ven un retroceso y amenaza a los derechos, la determinación tomada por el Congreso de Nuevo León esta semana para tutelar constitucionalmente el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Las mujeres en ese estado están impedidas a abortar aún y cuando corra en peligro su vida, o bien hayan sido violadas.
En lo político han aumentado las disposiciones legales sobre una participación igualitaria de las mujeres, lo que ha generado reacciones de mayor virulencia hacia aquellas que participan y acceden a los espacios que ahora les son garantizados por ley.
Durante las elecciones de 2018, en Michoacán se realizó el proyecto “Prevención de la Violencia Política contra las Mujeres en el Proceso Electoral del 2018” realizado por la organización ECAS A.C. en coordinación con el Colectivo para la Construcción de Igualdad para la Sociedad, en donde se detectó que el cien por ciento de las candidatas sufrió violencia política y el 73 por ciento discriminación.
Los tipos de violencia que las candidatas identificaron fueron en un 73 por ciento discriminación por ser mujeres en matera de participación política; un 12.5 por ciento mencionó que no hay reconocimiento a la trayectoria; 15.6 por ciento asignación de distritos perdedores; y 12.5 por ciento las obligaban a renunciar.
El 9.3 por ciento de las candidatas recibieron amenazas y fueron condicionadas; el 15.6 por ciento no contaron con presupuesto; y un 6.25 por ciento padecieron exclusión en la toma de decisiones.
