Pável Uliánov Guzmán / @PavelUlianov
Morelia, Michoacán.- Entre los años de 1974 y 1976 cinco miembros de la familia Guzmán Cruz (Jesús Guzmán Jiménez; Amafer, Armando, Solón Adenauer y Venustiano Guzmán Cruz), originarios de la comunidad indígena de Tarejero, así como los estudiantes p´urhépecha Rafael Chávez Rosas, Doroteo Santiago Ramírez y José Luis Flores Cruz, fueron detenidos, torturados y desaparecidos por el Estado mexicano, constituyendo un crimen de Lesa Humanidad y el primer referente histórico de las desapariciones forzadas en Michoacán.
Estas desapariciones forzadas por motivos políticos, fueron ejecutadas bajo un contexto de autoritarismo, corrupción gubernamental, injusticia social, fraudes electorales y represiones masivas y selectivas. La represión se convirtió en política de Estado, sistemáticamente fueron reprimidos los movimientos sociales y políticos de oposición, así como a las personas a quienes se consideraba sus bases de apoyo.
En el estado de Michoacán, diversas investigaciones históricas permiten estimar que durante el período de la llamada “Guerra Sucia” (1960 a 1980), entre 11 y 20 personas fueron víctimas de la desaparición forzada en la entidad, entre ellos, los primeros 8 casos se relatan aquí.
Las desapariciones forzadas en Michoacán, comienzan a partir del 16 de julio de 1974, fecha en que fueron detenidos por agentes de la entonces Dirección Federal de Seguridad (DFS) en coordinación con el Ejercito Mexicano, los p´urhépecha Amafer Guzmán Cruz, concejo directivo de la casa del estudiante nicolaíta y dirigente estatal del Movimiento de Acción Revolucionaria, junto con otros tres estudiantes indígenas Rafael Chávez Rosas, Doroteo Santiago Ramírez y José Luis Flores Cruz. Los cuatro fueron secuestrados por el Estado mexicano y trasladados a la XXI Zona Militar, para de ahí ser llevados a las instalaciones de la DFS en la Ciudad de México y posteriormente al Campo Militar No. 1, lugar donde fueron interrogados, torturados y posteriormente desparecidos.
Después de su detención, se desató una cruenta persecución en contra de sus familiares, quienes no tenían relación alguna con actividades políticas. El 19 de Julio de 1974 fue detenido por miembros de la DFS Armando Guzmán Cruz en su domicilio ubicado en Ciudad Netzahualcóyotl en el Estado de México y desaparecido. Posteriormente el 24 de Julio de 1974 por sexta ocasión, elementos del Ejército Mexicano y la DFS irrumpieron en la casa de la Familia Guzmán Cruz, ubicada en la comunidad indígena de Tarejero, Municipio de Zacapu, Michoacán, golpeando a todos los miembros de la familia y deteniendo al señor José de Jesús Guzmán Jiménez, así como a sus hijos adolescentes Solón Adenauer Guzmán Cruz de 17 años de edad y Venustiano Guzmán Cruz de 15, a partir de esa fecha, se desconoce el paradero del señor José de Jesús y del Adolescente Solón Adenauer. En el caso de Venustiano, los agentes estatales lo pusieron en libertad antes de trasladar a su padre y hermano la ciudad de México, solo para que dos años después, en febrero de 1976, fuese nuevamente detenido y desaparecido en el estado de Guerrero.
A 40 años de su detención, tortura y desaparición forzada, el Estado mexicano aún no respondido por estos delitos de lesa humanidad, a pesar de que la desaparición forzada de integrantes de cinco integrantes de la familia Guzmán Cruz fue denunciada y documentada ante el Comité Nacional Pro Defensa de presos, perseguidos, desaparecidos y exiliados por motivos políticos , ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos quien emitió la recomendación 26/2001, en la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada o Involuntaria, y actualmente en caso se encuentra admitido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Finalmente, bajo una necesidad inaplazable y una deuda histórica, así como en un contexto actual de crisis política, económica y social en México y en Michoacán, hoy más que nunca es necesario legislar en materia de desaparición forzada. En las pasadas cuatro Legislaturas del Congreso del Estado, así como en la actual, organismos defensores de los derechos humanos y familiares víctimas de la desaparición forzada, presentaron diferentes proyectos de iniciativas de ley para prevenir y sancionar la desaparición forzada. A la fecha, el Congreso del Estado no ha cumplido con esta deuda histórica, esto a pesar de que la necesidad de legislar contra la desaparición forzada está respaldada por sentencias y recomendaciones internacionales, así como por el reclamo de las cientos de familias que han padecido este delito de lesa humanidad.
