Emmanuel Gallardo Cabiedes / @ManuGallardo77
San Juan Huitzontla, Michoacán.- Cuando los Caballeros Templarios llegaron a saquear el yacimiento de mineral de hierro ubicado dentro del núcleo comunal de San Juan Huitzontla, en el milenario municipio de Chinicuila, Michoacán, los indígenas nahuas que habitan estas tierras desde antes de la conquista y que denunciaron los hechos ante el Ministerio Público fueron descuartizados. Los cuerpos destazados quedaban tirados a la vista de la gente para infundir terror y dejar en claro quién mandaba ahí, y qué consecuencias tendrían aquellos que se atrevieran a alzar la voz.
En el 2008 el cártel de los Caballeros Templarios llegó barbárico a San Juan Huitzontla con el poder de la corrupción y la impunidad de su lado. El cinturón ferroso considerado como el más abundante de Latinoamérica que comprende a Jalisco, Colima y Michoacán, era su objetivo, y se convirtió en punto estratégico invaluable por su utilidad en el transporte ilegal de hierro hacia el puerto de Lázaro Cárdenas con destino a China, y que sólo en 2010 dejó una ganancia a este cártel de poco más de 42 millones de dólares, según la Procuraduría General de la República (PGR).
Para Francisco Reyna, secretario de la mesa directiva de la comunidad indígena San Juan Huitzontla, el abuso y la tortura en su región no son cosa nueva: “En tiempos antes de que llegara la delincuencia organizada se hicieron denuncias, pero ahí como en 1986. Desde entonces el gobierno (del ex presidente priista Miguel de la Madrid Hurtado) se volvió torturador. Nadie podía platicar con los militares o con la judicial (extinta Policía Judicial Federal). Nadie podía dirigirle una palabra a ellos porque torturaban. La gente les tenía miedo. Nada más se escuchaba que andaban cerca y la gente se escondía”.
“El gobierno llega… a esta comunidad y han habido saqueos. Han venido a esculcar las casas, a saquearlas. Se llevan de lo que encuentran y sin una orden de cateo. Ha llegado aquí el Ejército Mexicano, andan en operativo. Eso sucedió del 2000 al 2007. Para nosotros son atropellos que hacen las autoridades quienes cobran (su sueldo) de los impuestos que nosotros pagamos”, comenta Reyna.
Un años después, la voraz extorsión de los Caballeros Templarios golpeó tan fuerte a la economía local, que los campesinos que cultivan maíz pozolero tuvieron que parar la producción, y junto con los ganaderos de la zona, fueron sometidos al orden Templario. Las 18,813 hectáreas de superficie sembrada en Chinicuila, prácticamente estaban controladas por el crimen organizado que se había apoderado de la región. Las humillaciones hacia los indígenas nahuas por hombres armados que patrullaban la zona con total impunidad, fueron soportadas todos los días por el terror de ser secuestrado y despedazado.
Tras casi 30 años de atropellos y de embates tanto de las autoridades como del crimen organizado, Huitzontla hervía en silencio.
En mayo del 2013, el municipio de Chinicuila se levantó en armas. Tres meses después de los alzamientos en Tierra Caliente, y es el 26 de junio de ese mismo año, cuando los indígenas nahuas de San Juan Huitzontla, hartos de décadas de humillaciones, extorsiones y asesinatos, toman también los fusiles para enfrentar a los Caballeros Templarios que por
un lustro sometieron a una comunidad entera y saquearon de forma salvaje y descuidada el yacimiento de mineral de hierro, al grado de acabar con fauna del ecosistema del núcleo comunal.
La voz de Francisco Reyna se llena de indignación:
“Aquí afectó mucho. Nosotros tenemos un alimento propio y nativo de la región. Les llamamos “chacales” que es el langostino de agua dulce. Desde que yo me acuerdo, desde la época de nuestros antepasados, siempre hemos acudido al río para comer. Es un alimento muy bueno que se da en el arroyo. Cuando los Templarios comienzan a explotar la mina que está en la parte norte, en temporada de lluvias se junta el agua; la creciente como le llamamos. Esta creciente acumulada (de deshechos tóxicos por la explotación de la mina), baja directo al río y mata a toda la especie que está dentro del agua. Hay una afectación irreversible. Donde cayó la creciente ya no hay langostino. Estamos hablando del 2012 y hasta hoy 2015, el problema permanece”.
La alimentación de los habitantes de Huitzontla se basa en maíz, frijol y el langostino de agua dulce. El daño ambiental impactó a familias enteras, “principalmente a niños y ancianos”, denuncia Reyna. “Si ustedes pasan de Coalcomán para acá, pasan el lugar de la mina allá arriba… el olor es diferente. Aquí es donde ellos hicieron la mayor afectación, donde se ha contaminado a toda la comunidad de Huitzontla. Viene de allá arriba, se llama La Nuez”.
A diferencia de otros municipios liberados por el movimiento autodefensa donde los enfrentamientos podían durar días, en Huitzontla no hubo un solo disparo. “Si nos van a matar, nos morimos de pie y los enfrentamos”, dice Francisco Reyna. Fue tan sólida la unión de la gente que prácticamente se les echó encima a los Templarios. El día del alzamiento y al cabo de dos horas todos los criminales huyeron como pudieron. La comunidad se había auto liberado.
“Cuando vieron a toda la gente unida, ellos se largaron. Hicimos una reunión general en el municipio, nos organizamos y es en ese momento que se llega a el acuerdo de que los facilitadores del consejo popular, enlazaran las reuniones de los autodefensas. Entonces empezamos con las reuniones. Fue un levantamiento del pueblo”.
Por siete meses los alzados estuvieron cuidando el perímetro del núcleo comunal las 24 horas. Las constantes amenazas de los Caballeros Templarios y la posible infiltración de otros cárteles en un territorio tan rico y codiciado tienen a la comunidad entera en estado de alerta. No piensan ceder ni un palmo de terreno a ningún cártel, “aunque digan que no se meterán con la población”, dice Francisco y abunda:
“A nosotros no nos conviene que a nuestra juventud, nuestras próximas generaciones caigan en delincuencia o se hagan drogadictos. Nosotros como usos y costumbres de una comunidad indígena, como nativos de esta tierra, no queremos eso. Tenemos plantas naturales para curarnos las enfermedades. Tenemos la medicina alternativa. No queremos enervantes que nos envenenen a nuestras próximas generaciones”.
Para la comunidad de San Juan Huitzontla el temor de una nueva incursión de grupos del crimen organizado que continúan acechando la zona es una amenaza latente. Las nulas garantías de seguridad que les proporciona el Estado se ven reflejadas en su pequeña Fuerza Rural compuesta por 17 policías que se encargan de cuidar a los 5 mil 271 habitantes que conforman el núcleo comunal.
Francisco Reyna dice que este es un hecho que los obliga a no desarmarse: “Sería un suicidio. Vendrían a matarnos si nos desarmamos. Si el gobierno nos garantiza la seguridad, las armas se guardan”.
Pero no es asunto sencillo para el gobierno estatal y federal el recuperar la confianza de una comunidad indígena que ha sido violentada y humillada por décadas. El hecho de que las autoridades no hayan detenido a ninguno de los jefes de plaza y sus sicarios, es motivo suficiente para mirar el desarme con recelo:
“El jefe de plaza del municipio de Chinicuila, le decían El Flaco, no está preso. El jefe de plaza del vecino municipio de Aquila, no está preso. ¿Quién nos garantiza a nosotros la seguridad? ¿Cómo podemos guardar las armas y dedicarnos al trabajar? No sé cuántos cárteles pueda haber en el norte del estado de Michoacán. Porque lo que vino a traer el ex Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el estado de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, el “Virrey”, ese hombre solo vino a dividir al movimiento comunitario. Ese hombre uniformó personas que pertenecían al crimen organizado”.
La desconfianza que impera en los habitantes de este núcleo comunitario indígena, se ha solidificado gracias a la impunidad que el gobierno federal no ha podido erradicar. Alfredo Castillo, quien encabezó el desarme de autodefensas en mayo del 2014, no logró garantizar la seguridad en regiones como San Juan Huitzontla, cuyo presente se rige por la afirmación del campesino Francisco Reyna Ramirez: “Sería un suicidio si nos desarman. Nos matarían. Si el gobierno nos garantiza la seguridad, las armas se guardan”.
Al parecer, fusiles no tendrán un próximo descanso.
