Patricia Monreal / @Michoacan3_0
Luego de tres horas de discusión en el Pleno, finalmente por mayoría la LXXIII Legislatura local aprobó la solicitud de la reestructuración de la deuda pública que se tiene en cinco empréstitos estatales incluida la deuda bursatilizada.
Con 33 votos a favor, el voto en contra de Miguel Ángel Villegas Soto y cuatro abstenciones de diputados del PAN, la reestructura por 11.5 mil millones de pesos fue aprobada por lo que ahora corresponderá al Ejecutivo del Estado sentarse a negociar con las instituciones financieras a las que se les adeuda para poder concretar la medida.
En la sesión el único que subió a razonar su voto contra el dictamen fue el legislador Eduardo Chavira, en tanto que a favor desfilaron siete oradores.
Tras aprobar a favor el dictamen en lo general, se haría la reserva de modificación a cuatro artículos del decreto, de las que fueron aprobadas tres; asimismo se propuso la inclusión de tres artículos transitorios de los que se aprobaron dos.
Al hacer uso de la tribuna el panista Eduardo García Chavira señaló que la aprobación de la reestructuración marcará el legado de la LXXIII Legislatura y quedará memoria histórica, “más allá de argumentos técnicos y financieros, afuera nos espera el juicio de la sociedad para decirle el porqué de nuestras decisiones y qué fue lo que cada quien hizo “Los niños que hoy están naciendo lo hacen endeudados con casi nueve mil pesos cada uno, porque hoy día la deuda estatal es de casi 35 mil millones de pesos, ellos no han tenido ninguna responsabilidad de cargar con la culpa de otras administraciones, no defendamos lo indefendible a costa del sacrificio social”.
Recalcó que el dictamen de la reestructura “deja la puerta abierta a muchos demonios, tales como el contrato que ya se tiene de la empresa Estrategia en Finanzas & Infraestructura ya exhibida ante los medios donde su representante tiene conflicto de interés por pertenecer a uno de los bancos, cobrándonos más de cien millones de pesos por sus servicios.
“No se está ahorrando, lo que se está haciendo es darle liquidez al estado y seguiremos sin conocer a dónde irá a parar dicha liquidez; el dictamen como dice una cosa dice otra, de cualquier manera que salga tiene un sesgo que podrá en riesgo la estabilidad financiera de Michoacán”.
El resto de los oradores hablaría a favor del dictamen, uno de ellos, Raymundo Arreola Ortega apuntó que: “la verdad es que las finanzas públicas de Michoacán están tronadas”, y demandó que la Auditoría Superior de Michoacán haga su trabajo”.
Adriana Campos Huirache, vicecoordinadora parlamentaria del PRI al hacer uso de la palaba apuntó que con la aprobación del decreto, se debe garantizar la adopción y el establecimiento de criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera para un manejo sostenible y responsable de las finanzas públicas y la regulación de las mejores condiciones y términos del endeudamiento público.
“Con respecto a los periodos de gracia para suspender los pagos del servicio de deuda que pretendía el gobierno impulsamos que en el dictamen que se presenta se eliminara esta parte, a efecto de evitar que únicamente se postergue la solución de los problemas financieros que aquejan a la entidad”.
Al hacer uso de la tribuna el perredista Manuel López Meléndez refutaría que el Ejecutivo pretendiera periodos de gracia, y aseguró que entre 20 y 25 meses se empezará a pagar la deuda reestructurada por gobierno.
Aseguró que si se hubiera dictaminado este asunto desde diciembre pasado, el estado habría pagado 40 millones de pesos menos de la deuda bursatilizada.
El también presidente de la Comisión de Presupuesto, insistió en que habrá un ahorro para el estado, él habló de 700 millones de pesos, aunque sus antecesores aseguraron que no era ahorro sino liquidez lo que se daba al estado, ya que la deuda sólo se recorrería en años.
En el caso de las reservas de artículo, el diputado Roberto Maldonado reservó el artículo segundo del decreto, sin embargo luego se arrepintió y retiró u propuesta.
En tanto el priista Mario Armando Mendoza propuso la supresión del artículo segundo transitorio por ser redundante y estar mal redactado, planteamiento que fue aprobado por 31 votos a favor, mientras que dos legisladores más se abstuvieron.
Para el artículo tercero transitorio hubo dos reservas, una de la petista Brenda Fabiola Fraga para mandatar al Ejecutivo un programa de reestructura administrativa durante este año, planteamiento que fue votado en contra con mayoría de 26 votos; la otra reserva fue del legislador Daniel Moncada de Movimiento Ciudadano quien planteó que los recursos que se ahorren por la medidas de saneamiento financiero sean específicamente para inversión pública productiva y no para obras prioritarias como planteaba el dictamen, propuesta que fue aprobada por unanimidad.
La priista Socorro Quintana planteó la incorporación de un artículo transitorio para que el Ejecutivo informe al Congreso las condiciones en que se haya dado la reestructura una vez que ésta se logre, así como especificar el destino de los recursos del dos por ciento sobre la nómina que actualmente se destinan al pago de la deuda bursatilizada.
Asimismo quedó en firme en el decreto la aplicación de una auditoría forense a la cuenta cargos por aplicar, que es en la que se dio la llamada licuadora financiera que mantiene colapsadas las finanzas del estado.
