Morelia, Michoacán.-Pese a que Michoacán está en crisis las autoridades se dan el lujo de tirar el dinero en obras mal hechas y defectuosas, que no llevan la supervisión adecuada o a tiempo para corregir desperfectos y sólo años después mediante los procesos de fiscalización previstos en la Ley logran salir a relucir.
Tal es el caso de la Escuela Judicial que se construye en la parte izquierda del Palacio de Justicia José María Morelos, sobre la Calzada La Huerta en Morelia.
Una enorme mole de concreto en proceso de construcción es la que sobresale a un costado de la gasolinera, una edificación que no tiene garantizada su seguridad estructural y que junto a la estación de gasolina duplica sus riesgos.
La empresa encargada de la edificación es Gallo Hermanos Constructores, S.A. de C.V., la que no cuenta ni siquiera con un portal web para conocer sus referencias, y que los datos que se pueden ubicar de ella en la Internet, apuntan que sólo cuenta con dos empleados –según las fichas de Find The Company-, o bien entre 11 y 30 –según datos de www.mxempresa.com-. También se consigna en el sitio obramexico.com que, esta empresa fue fundada el 19 de julio de 2007.
Dicha empresa no contaría ni siquiera con los requisitos de licitación establecidos para la obra, según lo reportaría más tarde la Auditoría Superior de Michoacán.
Con lo que sí contaría Gallo Hermanos Constructores, es con un dueño que ha sido presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en la entidad, y que actualmente lo es de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), Francisco Javier Gallo Palmer, quien hoy día anda promoviendo la revisión a la Ley de Obras Públicas del Estado a través de foros de consulta.
A esta empresa se entregaría uno de los proyectos más emblemáticos del Poder Judicial, la Escuela Judicial, mediante la licitación SCOP/DOP/LP/001/2014 en la que compitieron cinco empresas y de la que Gallo Hermanos Constructores fue la ganadora.
El gobierno de Salvador Jara Guerrero signaría el contrato con la empresa el 19 de diciembre de 2014 por un monto de 20 millones 991 mil 598.08 pesos según consta en la ficha de licitación de la Dirección de Procesos de Licitación y Adjudicaciones de Obras de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP).
El plazo de ejecución y entrega de la obra se estableció del 22 de diciembre de 2014, al 21 de marzo de 2015.
En su informe de labores del 2014 el entonces presidente del Poder Judicial, Marco Antonio Magaña de la Mora anunciaba la obra, refiriendo el proyecto arquitectónico ya había sido aprobado y que el arranque de los trabajos se daría en enero de 2015, fecha en que finalmente arrancarían los trabajos de topografía.
La obra se edificó en el ala sur del edificio adjunto al Palacio de Justicia José María Morelos, se edifica en un predio de dos mil 938.51 metros cuadrados, con una superficie de construcción de cinco mil 721.43 metros cuadrados, en 6 niveles, en los que preveía ubicar una biblioteca con sala de lectura, aula de videoconferencias e informática, salón de usos múltiples, así como salas de mediación y conciliación, entre otros espacios.
La idea es que la Escuela Judicial contara también con sala de prácticas de juicios orales con capacidad para 50 alumnos. Además se preveía capacitar en ella a los más de dos mil empleados con que cuenta el Poder Judicial.
En enero de 2015 arrancarían los trabajos topográficos, y para marzo de 2015 –fecha establecida en el contrato de licitación para la entrega de la obra-, los trabajos de la primera etapa apenas contaban con un avance del 13 por ciento, según datos proporcionados entonces por Magaña de la Mora durante una gira de medios por ese lugar.
El pasado 16 de febrero previo a rendir su primer informe de labores, en rueda de prensa el presidente del Poder Judicial, Marco Antonio Flores Negrete hablaría que salvo en algunos casos la obra pública que se ha realizado en torno al Nuevo Sistema de Justicia Penal deja mucho que desear.
“La Escuela Judicial, está suspendida desde hace aproximadamente ocho meses porque acusa serios problemas estructurales”.
Sobre las irregularidades en la construcción de la Escuela Judicial, la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) ya también hizo observaciones al respecto y las consiga en su Informe sobre la fiscalización a la Cuenta Pública Estatal 2015, presentado hace dos semanas al Congreso local.
De entrada la Auditoría consigna una inversión menor en la obra al momento que aparece en el contrato entre la SCOP y Gallo Hermanos Constructores, mientras la Auditoría habla de una inversión de 19.4 millones, el contrato original es de 20.9 millones, es decir, hay un más de un millón de pesos volando en las cifras del órgano fiscalizador.
La Auditoría se abstiene también de consignar el nombre Gallo Hermanos Constructores, a la que sólo alude como “una empresa”, y la que conforme al informe, “no cumplió con los requisitos técnicos y económicos establecidos en las propias bases de licitación de la Dependencia, con afectación durante el ejercicio fiscal 2015”.
La Auditoría emitió el pliego de observaciones CP2015/ASM-E-001/UPP-02/OP/PO-05 a la SCOP, la cual –refiere el órgano fiscalizador- bajo el amparo de los contratos respectivos, en los que se estipularon las condiciones para la ejecución de la obra, “se detectaron elementos con baja calidad en su ejecución, como lo es mala clasificación de agregados, oquedades y exposición de acero estructural, además de no cumplir con el acabado de concreto aparente como se establece en los planos de acabados del ACA-MUR-01 al ACA-MUR-05; situación que no garantiza la seguridad estructural de la obra”.
El órgano fiscalizador observó un importe de ocho millones 814 mil 615 pesos, correspondiente a los pagos realizados de trabajos con baja calidad durante el ejercicio fiscal 2015.
Cabe apuntar que Gallo Hermanos Constructores permanece aún en el padrón de contratistas del gobierno estatal, sin ninguna acotación en lo particular.
De hecho, el pasado 17 de agosto, en Casa de Gobierno y con el mandatario Silvano Aureoles Conejo a un lado, se pondría en marcha la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) con Francisco Javier Gallo Palmer a la cabeza, quien curiosamente refirió en su discurso: “los constructores michoacanos deseamos coadyuvar al progreso del estado y eliminar, en caso de que se presenten, todas las acciones de corrupción que sólo contribuyeron a encarecer las obras públicas y a entregarlas con materiales de mala calidad o dejarlas inconclusas”.
