Decenas de policías federales irrumpieron en el centro de Apatzingán y abrieron fuego contra civiles el pasado 6 de enero, lo que provocó la muerte de por lo menos 16 personas y muchas más heridas.
Alfredo Castillo, entonces comisionado federal de Seguridad en Michoacán y quien acaba de ser nombrado director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en México (CONADE), sostuvo que tales hechos fueron producto de un “fuego cruzado”.
“¡Mátenlos como perros!”, gritaron los policías federales al atacar a tiros a un centenar de miembros y simpatizantes de la Fuerza Rural que estaban en plantón en los portales del Palacio Municipal de esta localidad, a las 2:30 de la madrugada.
Ninguno de los manifestantes tenía armas largas. Seis de ellos portaban pistolas registradas y las pusieron en el piso. Los demás cargaban palos. Ninguno disparó. Todos ellos obedecieron las indicaciones que les dio Nicolás Sierra, El Gordo Coruco, líder del G-250, grupo creado por quien entonces era comisionado federal de Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo.
Durante ocho meses el G-250 persiguió en la sierra a Servando Gómez, La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios. Sierra es uno de los siete hermanos conocidos como Los Viagra, temidos y odiados en la región, acusados de ser ex templarios y de cometer diversos atropellos. Castillo tuvo a cinco de ellos a su servicio en Michoacán.
Los rurales, hombres forjados en la pizca del limón, protestaban porque 20 días antes Castillo había disuelto al G-250 sin pagarles. Además, padecían nuevas incursiones de templarios en sus localidades. Rubén, miembro de la Fuerza Rural, escuchó la balacera y saltó de su camioneta. Entonces un policía federal le gritó: “¡Levanta las manos y ponte de rodillas!”. Estaba por obedecer cuando a pocos metros vio a otro hombre hincado, los brazos en alto, encañonado por los uniformados.
“Le dispararon estando de rodillas, rendido, sin armas –atestiguó–. Lo ejecutaron los federales”. Una camioneta de su grupo ingresó en la plaza y Rubén logró escapar en ella. Testimonios de 39 personas, grabados en audio, revelan que policías federales dispararon contra civiles desarmados en dos hechos distintos ocurridos en Apatzingán el pasado 6 de enero: el primero, a las 2:30 horas en el jardín central y los portales del Palacio Municipal; el segundo a las 7:45 horas en el cruce de Avenida Constitución y Plutarco Elías Calles, cuando un comando de la Policía Federal disparó con ametralladoras M-60 contra una docena de vehículos que transportaban a guardias rurales y a sus familiares.
Según Nicolás Sierra, su grupo contabilizó preliminarmente 16 muertos (ejecuciones extrajudiciales) y decenas de heridos en ambos ataques. De acuerdo con los artículos 7, 28 y 30 del Estatuto de Roma –que rige a la Corte Penal Internacional– en Apatzingán se cometió un crimen de lesa humanidad al tratarse de “ataques generalizados” contra una “multiplicidad de víctimas” civiles, consumados con “intencionalidad” por parte de “fuerzas” bajo el mando de una autoridad.
Castillo era la autoridad federal con mayor rango en Michoacán. Seis días después declaró a la prensa que en los dos sucesos de Apatzingán el saldo fue de un atropellado y ocho muertos por “fuego cruzado”.
El primer ataque; a las 2:00 horas del pasado 6 de enero, en el radiotransmisor de Rubén, apostado en el plantón del Palacio, se escuchó: “Van saliendo 20 camionetas de policías federales de acá del cuartel”. Rubén estaba recostado en su camioneta frente al jardín central mientras familias deambulaban entre puestos de comida o ingresaban a los comercios que permanecían abiertos toda la madrugada por la venta del Día de Reyes. Otra voz en la radio de Rubén advirtió: “Van de la glorieta al jardín”.
El convoy de la Policía Federal (PF) al mando del comandante Fausto Arenas tardaría cinco minutos en llegar. “Ya valimos madre”, dijo Rubén. Días antes el grupo G-250 había recibido el pitazo de un inminente ataque templario. Sus integrantes también temían que su plantón fuese disuelto.
Esa misma noche habían tenido ya un altercado con soldados de la 43 Zona Militar de Apatzingán, al mando del general Miguel Ángel Patiño. Los soldados intentaron desmantelar la barricada que el G-250 había levantado en Lomas de Hoyos para impedir la incursión templaria.
El convoy de la PF se estacionó en las calles traseras del Palacio Municipal. Algunos guardias rurales dormitaban en camionetas, otros charlaban en el jardín. En la protesta también había familiares de los integrantes de las fuerzas rurales, así como simpatizantes que, de paso, exigían bajar los costos de la luz.
Los federales bajaron de sus camionetas. La familia de un taquero de la plaza buscaba un regalo en los portales. Los uniformados, la mayoría con el rostro cubierto, otros vestidos de negro, alistaron sus armas largas: Galil calibre 308, Heckler & Koch G3 calibre 7.62 y R-15 calibre 2.23, según un integrante de las Fuerzas Rurales.
Los federales tomaron por asalto la plaza. El ataque duró 15 minutos. Los manifestantes corrieron al jardín, a guarecerse tras las bancas. Las cámaras de vigilancia registraron a decenas de personas desarmadas huyendo en todas direcciones. Más policías federales entraron y sitiaron la plaza entera. En el estacionamiento, a un costado del Palacio, balearon las camionetas de la Fuerza Rural y golpearon a sus ocupantes.
Artemio, uno de los guardias rurales, fue detenido. Mientras lo sometían presenció cómo uno de sus compañeros descendió de su vehículo alzando los brazos. Vio que lo hincaron: “Dijo que estaba desarmado y le dieron un balazo en la cabeza”.
En esos portales concentraron a los arrestados, a quienes siguieron golpeando y despojaron de sus pertenencias. Varios de los que acudieron a la vendimia de Reyes tampoco se salvaron.
Artemio, ya sometido en los portales, se percató del tamaño del operativo. “Escuchábamos gente llorar, mujeres, hombres, niños que se quejaban, estaban heridos –describe–. Oímos unos disparos y ya no volvimos a oír las voces de los niños”.
También se dio cuenta de que los federales detuvieron a 11 hombres y mujeres que compraban juguetes y se los llevaron en un camión.
Constató que después un mando federal le reclamó a un subordinado: “¿Dónde está el camión que te pedí?” Éste respondió: “Ya vino y tú dijiste que 11 personas y se las llevaron”. Lo increpó: “¡Hijo de tu pinche madre! ¡¿No te dije que era para estos pendejos?!”, y señaló a los sometidos.
A Artemio y a su grupo los remitieron a la delegación de la Procuraduría General de la República en Morelia, y de ahí a un penal en Tepic, Nayarit. No sucedió así con esas 11 personas subidas al camión, las cuales “nunca aparecieron detenidas en Morelia ni en la prisión de Nayarit”, advierte Artemio.
Los que sí aparecieron en la cárcel fueron el taquero y su hijo, a quienes los agentes de la PF detuvieron en la tienda Novedades Jackeline. El taquero dijo que lo arrestaron junto con “dos taxistas, un albañil, un señor que vende periódicos y su trabajador”.
Otros civiles cruzaron el jardín y se escondieron en la azotea del edificio Béjar, de donde los policías los bajaron a punta de pistola. Sierra y un vecino vieron más de 10 cuerpos tirados en el lugar. “Eran personas heridas y otras no se movían”, dice el segundo.
Asustados, los vecinos atisbaban. Uno de ellos escuchó a un policía federal ordenar: “¡Mátenlos! ¡Mátenlos!”. Se asomó por la ventana y miró a cuatro muchachos guarecidos en la caja de la camioneta blanca. “De la camioneta iban saliendo y les iban disparando”, cuenta. “Vi a tres personas tiradas y una se movía y no la auxiliaban ni nada”.
La PF no pidió ambulancias pese a que en la misma avenida Constitución, a un kilómetro, está el Hospital General Ramón Ponce. Desde su ventana una vecina observó cómo tres jóvenes heridos se desangraron durante casi una hora. “Fue muy triste, parecía como si se estuvieran consolando. Estaban vivos y se tomaban el hombro”, dice.
Cuenta un ciclista que atestiguó el ataque a cuadra y media: “Los federales empezaron a bajar a los civiles de las camionetas, a arrodillarlos con las manos en alto y así les estuvieron disparando, como a tres, cuatro”.
Otro testigo a su vez vio que los federales “levantaron un cuerpo y se lo llevaron en su camioneta”. Se trataba de un hombre “con sudadera con rayas entre moradita y negra”.
Poco después de las 08:00 horas los médicos del hospital Ramón Ponce recibieron el cuerpo de un veinteañero con un balazo en el pecho. Quedó en calidad de desconocido. Un puñado de guardias rurales se atrevió a incursionar en dos camionetas para rescatar a la gente atrincherada en la balacera. Sacaron a otro muchacho con un balazo en el pecho, refugiado en un restaurante.
Los rurales dejaron a este joven y a otro más con la rodilla despedazada en la banqueta del hospital, sin que el personal del mismo se percatara de ello, por lo que no ingresaron al nosocomio. Uno de los civiles que lo rescató advierte: “Pudo ser que la federal los haya recogido”. Se ignora su destino. La balacera terminó. Los policías federales alteraron la escena.
El 12 de enero Castillo aseguró en conferencia de prensa que la madrugada del 6 de enero se desalojó a hombres armados que tomaron el Palacio Municipal de Apatzingán. Afirmó que la policía detuvo a 44 por asociación delictuosa y portación de armas de fuego: 13 armas largas y una granada. Hubo un atropellado.
Los rurales, por su parte, afirman que de los 44 detenidos, 25 eran del G-250 y 19 eran personas ajenas a la protesta, entre ellas la mujer embarazada y una muchacha con retraso mental.
El 22 de enero Castillo fue reemplazado por el general Felipe Gurrola. Al comandante Fausto Arenas de la PF de Apatzingán se le comisionó a Guerrero. Hasta hoy sigue sin modificarse la versión oficial y sin abrirse una investigación del caso.
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