Este artículo fue publicado originalmente por Desinformémonos el 13 de noviembre de 2013.
(15 de enero, 2014).- “Michoacán, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, es el laboratorio de lo nuevo en materia de seguridad”, afirma el analista Carlos Fazio. Fuerzas armadas “disfrazadas de carteles” que fueron activadas por el ejército, los gobiernos locales y el gobierno central el sexenio anterior, se resisten a que se les pase a una nueva etapa dictada por la política de las transnacionales, explica, cuyo objetivo último es concentrar el poder en el gobierno y desaparecer a las autonomías para repartirse los territorios y los recursos.
En la última semana de octubre, grupos de autodefensas de la zona de Tierra Caliente entraron a Apatzingán para confrontar al cartel de los Caballeros Templarios y fueron atacados por francotiradores pues, denunciaron, el ejército no les permitió entrar armados. Un día después, 18 subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 6 gasolineras fueron atacadas con disparos y bombas caseras, dejando a más de 400 mil clientes de la CFE sin energía eléctrica. Se manejó la versión de que fue una represalia por la entrada de las autodefensas a Apatzingán, mientras el obispo denunció que Michoacán es un “Estado fallido”.
Fazio recalca que si el gobierno de Peña Nieto hizo desaparecer de nota principal las políticas vinculadas a la criminalidad y en su lugar, potenciar a México como democracia próspera y país de clase media, “hoy el caso Michoacán nos devuelve a una realidad que fue las ocho columnas del sexenio pasado”.
La situación, reconoce el analista uruguayo, es confusa, y “bajo estas confrontaciones, intentan ocultar que es una política útil para el reparto de tierras y recursos, que ya lograron entre pequeños grupos de grandes capitalistas, sobre todo vinculadas a mineras, trazado de carreteras y presas, las que lucran con políticas estatales”.
Desenredando la madeja
Fazio recuerda que al mismo tiempo que el michoacano Felipe Calderón asumió el poder, surgió el cartel la Familia Michoacana, “que en su primera aparición pública dijo que no estaba contra el gobierno federal ni contra las instituciones armadas, como el ejército, que simplemente querían practicar la ley y la seguridad donde el Estado no alcanzaba a resguardar la seguridad de los ciudadanos, y que enfrentaría a expresiones foráneas –como los Zetas o el cartel de Sinaloa”.
En esta lógica, explica, los grupos La Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, Jalisco Nueva Generación y los Zetas cumplieron una función dentro del plan de guerra de Calderón, “que por vía paralela fue la expresión no armada para la guerra sucia de los organismos de seguridad del Estado; es decir, que fueron funcionales a la política represiva que bajo la pantalla de la guerra a las drogas, se llevó a cabo bajo el gobierno de Calderón”.
El periodista advierte que bajo el gobierno de Peña, la política represiva quiere refuncionalizar a esos escuadrones armados que cumplieron tareas vinculadas al tráfico de drogas, muchos de los cuales están relacionados con negocios empresariales de exportación, como la minería y transnacionales agroindustriales. Especialista en geopolítica, Fazio ejemplifica con el caso de la estadunidense Chiquita Brands (sucesora de la United Fruit Company), que usó a paramilitares en Colombia para desplazar campesinos y en esas áreas sembrar sus productos.
“Lo que ocurre hoy en Michoacán es que a estos viejos escuadrones paramilitares, hechos aparecer bajo la pantalla de grupos traficantes de drogas, Peña quiere reencuadrarlos para pasar a una nueva fase y tratar de bajar el nivel de la violencia. Algunas de estas fuerzas se niegan a cambiar de función”, alerta el analista.
En analista previene contra el uso indiscriminado del término Estado fallido, una categoría que, señala, viene de los tanques de pensamiento de las agencias estadunidenses CIA y Pentágono y es un comodín para desestabilizar países. “Lo que se oculta es que normalmente habla de países que están en estado de descomposición o desestabilizados, muchas veces por fuerzas internas o muchas veces –y esto es lo que no se ve- por fuerzas externas”.
Fazio recuerda que el concepto de Estado fallido apareció en México entre los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama, con una campaña de saturación mediática en la que la secretaria de Estado estadunidense, Hillary Clinton, planteó que en México hay narco insurgencia, tratando de “asimilar grupos de la economía criminal con tácticas propias de los grupos rebeldes armados”. Por lo tanto, las políticas que tendría que llevar a cabo el gobierno mexicano, apoyado por Estados Unidos, serían de contrainsurgencia. “Estos términos están vinculados a las políticas de la CIA Y el Pentágono, relacionadas con las guerras neocoloniales por los recursos estratégicos”.
Autor del libro Terrorismo Mediático, Carlos Fazio asimila lo sucedido en Michoacán a Guerrero, donde el gobierno de Peña Nieto “logró en enero, principalmente a través de los medios electrónicos de control monopólico privado, posicionar el tema de las autodefensas y vincularlos a la Policía Comunitaria (PC) de la Montaña”. El analista, especialista en medios de comunicación, expone que el asunto se manipuló de tal manera que pareciera que la PC es lo mismo que grupos de civiles armados que pueden responder a los Caballeros Templarios o al cartel Jalisco Nueva Generación. “Hubo una manipulación mediática dirigida a enrarecer el agua en la que se mueven muchos grupos civiles armados, algunos que tienen que ver con prácticas y costumbres indígenas, y se los trata de hacer asimilables a expresiones vinculadas a grupos delincuenciales”.
Para distinguir a los grupos de civiles armados, considera Fazio, se debe separar “su origen, a qué se dedican, qué prácticas siguen y de quién se defienden”. Las autodefensas y guardias comunitarias tienen que ver con la comunidad, define: “Aunque tienen elementos ladinos, su tarea es preservar el orden en áreas campesino-indígenas que se rigen por métodos comunitarios; sin embargo, surgen otras expresiones donde el perfil es de grupos de civiles armados no indígenas, y hay que ver qué tipo de labores realizan”.
La política de Estado de Peña dentro de la que se enmarcan los grupos civiles armados, reitera Fazio, tiene un “destino final” de enrarecer el ambiente. “Como el PRI (Partido Revolucionario Institucional) llega con un proyecto para estar 30, 40 o 70 años más, quiere construir un modelo que desde la óptica del discurso, se asiente en que México es un Estado de Derecho en el que no pueden existir autonomías, es decir, grupos de civiles armados. El gobierno es quien debe garantizar la seguridad de la población, y el gobierno de Peña dice que va a garantizarlo”.
El discurso del Estado de Derecho, más que con la PC de Guerrero, tiene que ver con el zapatismo, valora el escritor. “Si nos centramos en Apatzingán, perdemos la vista que lo que quiere Peña es terminar con las autonomías y concentrar el poder, como en el viejo PRI”. En el caso de Guerrero, se puede ver en el detalle de que el jefe militar de la zona planteó que detrás de las autonomías se encuentra el Ejército Popular Revolucionario (EPR), ejemplifica.
“Se está ensayando una nueva política represiva del régimen; transitamos a una nueva modalidad – tan o más cruenta que la fase que le tocó propiciar a Calderón”, advierte Fazio, que señala que no ve una pacificación a futuro, “así sea paz de los cementerios. Hay contradicciones al interior del Estado de tipo policial que se quiere imponer, hay resistencia entre grupos civiles aliados, y tendremos un buen tiempo de crisis como ésta”.
