Michoacán se encuentra en riesgo de convertirse en el único estado de la República en que su Auditoría Superior carezca de autonomía financiera, esto de prosperar el planteamiento del Ejecutivo del Estado para suprimir al máximo órgano de fiscalización del Estado, como una Unidad Programática Presupuestaria (UPP) propia dentro del paquete económico para 2022.
Luego de un largo proceso de presión que llevó años para que la Auditoría Superior de Michoacán lograra su autonomía financiera, en diciembre de 2019 el Congreso del Estado finalmente aprobó que fuera una UPP independiente dentro del Presupuesto de Egresos del Estado.
La dependencia económica de la Auditoría hacia el Congreso local, había derivado en múltiples irregularidades en su funcionamiento, generadas por la falta de pago a auditores, la colocación de parientes y allegados a diputados sin el perfil necesario para las funciones a desarrollar, la presión económica para incidir en los procesos de fiscalización, entre otros.
Hasta 2019 Michoacán junto con Chiapas, eran los dos únicos estado de la República en que sus órganos de fiscalización carecían de autonomía financiera. Michoacán vía decreto otorgó la autonomía ese año, y posteriormente lo haría Chiapas. Hoy día todas las Auditorías locales son presupuestalmente independientes.
En noviembre pasado el titular del Ejecutivo Estatal turnó al Congreso su paquete económico estatal, suprimiendo dentro del Presupuesto de Egresos para el 2020, la UPP de la Auditoría Superior de Michoacán.
Pese a que la autonomía financiera del órgano fiscalizador fue otorgada vía decreto Legislativo, el planteamiento del Ejecutivo fue suprimirla en la expectativa de que su reincorporación requiriera 21 votos a favor de diputados para mantenerla.
No obstante, legalmente se precisaría que el Congreso derogue el decreto aprobado en 2019 para tal desaparición, por lo que su sola omisión dentro del Presupuesto de Egresos del 2022 no es factible.
Las razones del Ejecutivo para plantear desparecer la UPP son conocidas en el Congreso y de orden político. Miguel Ángel Aguirre Avellaneda, titular de la Auditoría Superior, arribó al cargo con el padrinazgo del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, de quien se ha señalado es amigo personal; el 15 de diciembre de 2019 fue designado al cargo luego de obtener 35 votos a favor en sesión del Pleno Legislativo.
El Ejecutivo Estatal estaría apostando a que la titularidad de la Auditoría quede en manos de Marco Antonio Bravo Pantoja quien, en agosto pasado fue nombrado como Auditor Especial de Normatividad debido a cuota partidista para Morena pese a tener la calificación más baja de los integrantes de la terna planteada al Pleno camaral. Las versiones legislativas son que Bravo Pantoja tiene una relación de compadrazgo con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Desde la perspectiva de Morena, la relación de amistad entre Aguirre Avellaneda y el exmandatario Silvano Aureoles, afecta la fiscalización de las cuentas del gobierno silvanista.
En la coyuntura, legisladores locales que se han visto afectados por las decisiones tomadas al interior de la Auditoría, como el despido de sus acomodados sin perfil, así como del proceso de fiscalización a las cuentas del Congreso del Estado de 2018, o bien la fiscalización de los manejos que realizaron al desempeñarse como funcionarios estatales, ven con buenos ojos la supresión de la UPP como castigo al actual auditor superior.
En el jaloneo político y de intereses, la Auditoría como institución registraría un retroceso en su autonomía, contrario a la tendencia nacional para fortalecer los órganos de fiscalización.
Posturas encontradas
Las posturas al interior de la Cámara sobre la permanencia o no de la Auditoría Superior como UPP dentro del Presupuesto de egresos del 2022 son encontradas.
El coordinador parlamentario de Morena, Fidel Calderón Torreblanca sostiene que el ser una UPP propia, no ha garantizado la autonomía de la Auditoría Superior, por lo que se hace necesario su supresión.
En tanto el líder parlamentario del PAN, Oscar Escobar Ledesma, ha declarado abiertamente que los diputados deben retomar el control del órgano fiscalizador.
Guillermina Ríos Torres, presidenta de la Comisión Inspectora de la Auditoría, refiere que cortar la autonomía financiera del organismo implicaría un retroceso y colocaría a Michoacán como el único de la República en esta condición.
“Las comisiones de Presupuesto y Hacienda deben hacer las modificaciones necesarias para que en el dictamen que elaboren del presupuesto estatal 2022, se mantenga la autonomía de la Auditoría, porque esa ya está, existe vía un decreto legislativo”.
El panista Hugo Anaya, integrante de la Comisión de Presupuesto de la Cámara, recuerda que hay un decreto del Congreso donde se define una UPP para la Auditoría, “no se puede borrar un acuerdo del Congreso así de golpe y plumazo; si estamos a favor o en contra de que sea una UPP o no es otro tema, lo que no se puede pasar por alto es que hay un decreto del Congreso y sobre éste sólo puede decidir el Poder Legislativo”.
Para Víctor Manríquez, coordinador parlamentario del PRD, la Auditoría debe ser autónoma para ejercer su trabajo de la mejor manera, “nosotros estaremos en contra de que quiten esta UPP; ese va a ser un tema que se va a estar debatiendo en los próximos días y nosotros estamos firmes en que una institución que ha ganado esta autonomía la mantenga”.
