Redacción / @Michoacan3_0
Morelia, Michoacán.-México se encuentra en la peor crisis a la violación de los derechos humanos provocados por la violencia y la corrupción que habita en su territorio, Michoacán no es la excepción, donde hasta su Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha sido cómplice de quienes cometen esta grave falta.
Las dependencias de Seguridad Pública encabezan la lista de quienes más faltas a los derechos humanos de los ciudadanos cometen, sólo falta checar las distintas denuncias que a través de Michoacán Tres Punto Cero o las distintas redes sociales se han realizado en contra de estos elementos y de la Comisión.
Los integrantes de las autodefensas michoacanas son quienes más víctimas de este delito han sido, durante este año, quienes han sido sujetos de tortura y agresiones al momento de su detención, acusados de delitos que no cometieron y de siembra de pruebas, al igual que los trabajadores del gremio periodístico y empleados de las mismas dependencias de la PGJE y SSP, así como ciudadanos en general.
Autodefensas torturados
Enrique Hernández Salcedo, líder de las autodefensas de Yurécuaro, levantó una queja ante la CEDH en contra de la PGJE, por las torturas de las cuales fue víctima al momento de su detención, acusado de participar en el homicidio del alcalde de Tanhuato, Gustavo Garibay García. Según refiere, él y 19 autodefensas más habían sido llevados a Morelia con engaños, después de haberlos torturado y drogado.
El pasado 8 de abril quedaron formalmente presos por los delitos de portación de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, portación de arma sin licencia, asociación delictuosa y delincuencia organizada con el fin de cometer terrorismo.
”Fui torturado y amenazado de muerte por el sub secretario de Seguridad Pública del estado de Michoacan, Adolfo Eloy Peralta Mora, alias ‘El Yanki’, “en cuanto me vean me van a asesinar, me lo dijo el comandante Arturo, por eso estoy oculto”. Hasta el momento, su caso no ha tenido solución. Ver nota
Otro, es el caso del doctor José Manuel Mireles, quien fue detenido el pasado 27 de junio de este año junto a otros 183 autodefensas más, en ese entonces su abogada Talía Vázquez señaló que el líder lo subieron a un helicóptero, “él estaba convencido de que iba solo con los policías y pensó que lo iban a tirar al mar, porque no le leyeron derechos, le taparon la cabeza y le sembraron droga”.
Refirió que además, al doctor Mireles se le pidió que firmara un documento donde rechazaba su derecho a hacer llamadas y otro más donde reconocía que las armas y la droga eran de su propiedad, no obstante, se negó a signar ambos escritos. Ver nota
Por su parte, José María Cázares declaró que no había signos que comprueben que José Manuel Mireles haya sido torturado, cinco meses después continúa preso en el penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit.
Prensa agredida
Los trabajadores del gremio periodístico en Michoacán, han sido agredidos por el simple hecho de ejercer su profesión, en lo que va de este 2014, se han acumulado siete quejas de agresiones en contra de los comunicadores, principalmente contra mandos policiales o guardaespaldas de algunos funcionarios públicos.
De acuerdo al ombusdman estatal, José María Cázares, por los mismos medios de comunicación se ha sabido de que sus trabajadores han sido violentados y se les ha impedido realizar su trabajo, sin embargo han desistido de interponer una denuncia.
El pasado 27 de septiembre, el Gremio de periodistas de Michoacán presentaron en el Congreso del estado, una iniciativa de Ley para la Protección de los trabajadores de los medios de comunicación, con la cual se busca hacer llegar mejores garantías para hacer coberturas en situaciones de riesgo, y sobre todo salvaguardar el ejercicio de la libre expresión.
Acusan a la CEDH de apoyar a autoridades
Distintas organizaciones sociales, activistas y las mismas víctimas han señalado al organismo de estar del lado de las autoridades e instituciones gubernamentales, inclusive la han acusado de servir como botín político, pues en sus arcas labora personal que ha sido puesto por los distintos partidos políticos.
Uno de los casos más sonados recientemente es la huelga de hambre que la doctora Graciela Delgado Luna realizó durante 16 días afuera de las instalaciones de la CEDH, quien exigía el seguimiento de su caso que dicha instancia dejó de lado al “no poder negociar”, luego de que fuera despedida tras tres décadas de haber laborado en la PGJE, sin la indemnización correspondiente.
“El presidente me dijo que no pudo negociar mi caso, pero los derechos humanos no se negocian, se tiene que checar si realmente huno violación. Pido que se me respeten mis derechos y se me haga justicia”, declaró Delgado Luna, quien el día de ayer martes concluyó su protesta, tras lograr que la Comisión Nacional revise su caso.
“Me queda claro que los derechos humanos no se hacen valer, lo viví en carne propia y en todos estos días que estuve en huelga miré desfilar a cientos de personas que acuden a esta Comisión para pedir asistencia, muchos casos son expedientes viejos, eso indica que no están cumpliendo con su trabajo”, señaló. Ver Nota
El despido masivo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en sus distintas corporaciones, supuestamente porque reprobaron los exámenes de control y confianza, generó diversas quejas en al CEDH, debido a que estos negaron el motivo de su despido y acusaron a las autoridades de mentir.
Estos señalaron que fueron objeto de discriminación, además de negarles el derecho a un trabajo digno y decoroso, y de no pagarles conforme a la ley, acusaron a la Comisión de estar coludida con las autoridades y de que retrasar los trámites de las quejas por despidos autoritarios, con el propósito de protegerse así mismas.
Esto ha derivado de distintas protestas en contra del presidente de la Comisión Estatal por su omisión en los casos, así como en contra de la SSP y PGJE por violentar sus derechos. Durante su lucha, señalaron que fallecieron tres elementos que fueron despedidos, con más de 30 años de servicio y otros cuando sólo le faltaba un año para jubilarse, “todos se fueron sin amparo alguno ni pensión para sus familias”. Ver nota
Por su parte, el presidente de la CEDH, José María Cázares, sólo se ha limitado a responder que es respetable que se manifiesten, además de lamentar la situación de los despedidos, aunque poco se ha inmutado pues a ocho meses, los elementos siguen sin ser remunerados conforme a la ley y varios de ellos no se les ha reubicado como se les había prometido.
