En Michoacán, hay una administración racista de los recursos públicos

Por: Patricia Monreal

En Michoacán existe una administración racista de los recursos públicos, en donde se escatima el presupuesto a las comunidades indígenas, mientras se privilegia el de las cabeceras municipales.

Así se señaló en una reunión sostenida este lunes entre diputados locales y autoridades comunales de Pichátaro, Arantepacua, San Felipe de los Herreros y Santa Fe de la Laguna, en la que finalmente se acordó efectuar un trabajo coordinado para adecuar las leyes michoacanas a los mandatos de los tribunales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de presupuesto directo.

La reunión se preveía realizar entre las autoridades comunales y los integrantes de las comisiones legislativas de Derechos Humanos, Pueblos Indígenas y Asuntos Electorales, sin embargo al encuentro sólo se dieron cita integrantes de la primera, Teresa Mora Covarrubias que la preside, y Antonio Soto Sánchez que forma parte. Una hora después de arrancado el encuentro se incorporó el diputado Francisco Cedillo de Jesús, y ya cuando se estaba finalizando lo hizo la diputada Mayela del Carmen Salas Sáenz. El resto de los diputados hicieron acto de presencia a través de sus asesores.

Las autoridades comunales en sus respectivas intervenciones coincidieron en la necesidad de adecuar las leyes michoacanas a efecto de que puedan ejercer debidamente su presupuesto directo.

José Luis Flores González, coordinador del Consejo Comunal de San Francisco Pichátaro apuntó que a pesar de contar ya con el presupuesto directo, ahora el problema que enfrentan es acoplarse a los lineamientos reconocidos en la Ley y que son para ayuntamientos no para comunidades, “eso nos provoca una problemática porque nuestra manera de organizarnos es diferente a la de un ayuntamiento, somos diferentes a una administración pública municipal y por eso es necesario que haya un proceso administrativo específico para las comunidades”.

Arturo Bernabé de San Felipe de los Herreros, apuntó que la intención de las comunidades es manejar bien su presupuesto, comprobando lo que se gasta, pero para eso se requiere una ley que establezca orden y claridad.

María Guadalupe Méndez Galván de Aratepacua, apuntó que el problema es que a las comunidades que manejan directamente su presupuesto se les quiere dar tratamiento como si se trataran de ayuntamientos, cuando su lógica de organización es otra.

“Por eso pedimos que haya una ley que nos reconozca como autoridades comunales, para que en los procesos de gestión y de fiscalización haya reglas claras, y con eso evitar casos como el que está ocurriendo con el alcalde de Nahuatzen, en donde a pesar de que hay un mandato de tribunales está metiendo la mano en un derecho que tenemos reconocido”.

Leoncio Martínez de Santa Fe de La Laguna apuntó que en los ayuntamientos hay simulación sobre el apoyo que se da a las comunidades, de ahí que éstas –como en el caso de Santa Fe- opten por buscar ejercer el presupuesto directo.

“Hace tres años en Santa Fe nos destinaba el ayuntamiento un presupuesto anual de 500 mil pesos cuando, proporcionalmente por la población que tenemos nos tocaban diez millones; ahora al menos logramos un acurdo para que sean tres millones 200 mil”.

Orlando Aragón Andrade, del Colectivo Emancipaciones que asesora legalmente a las comunidades explicó que lo que hay de base en los conflictos que enfrentan las comunidades es una administración racista de los recursos públicos, “en Pichátaro por ejemplo, que representa algo así como el 36 por ciento de la población total de Tingambato históricamente tenía un presupuesto del tres por ciento por parte del ayuntamiento; lo que en la práctica evidenciaba que valía más un ciudadano de la cabecera que un purépecha de Pichátaro, esa es la realidad que se replica en todas las administraciones municipales”.

Agregó que frente a esta realidad es que las comunidades deciden ejercer sus derechos humanos internacional y constitucionalmente reconocidos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resuelve que las comunidades tienen el derecho al autogobierno y a la participación política efectiva dentro del Estado.

“El derecho al autogobierno implica dos cosas principalmente según el propio Tribunal, uno es el elegir a su propia autoridad –como en Cherán- fuera del sistema de partidos y por usos y costumbres, pero también implica que las formas de gobierno ya sea municipal o submunicipal sea acorde a las formas de organización de cada una de las comunidades.

“Lo que se quejan las comunidades es que tenemos formas de gobierno reconocidas por el máximo Tribunal del Estado Mexicano en materia de derechos políticos, con una legislación que se les aplica por analogía y que son las leyes de la administración pública municipal, lo que los orilla a comportarse como ayuntamientos lo que, en sí mismo vulnera su derecho al autogobierno que está reconocido por resolución judicial”.

Aragón Andrade apuntó que el planteamiento de las comunidades ya no se trata de una reivindicación política sino temas ya resueltos por los Tribunales, “y que desafortunadamente nos hemos ido quedando retrasados en el tema legislativo, lo cual ocasiona que en el día a día, a pesar de que tengan el reconocimiento vía judicial de ser autoridad, de ejercer autogobierno y de hacerse cargo de las funciones de gobierno en su territorio que antes estaban en manos de los ayuntamientos, al momento de tener que hacer una gestión se encuentran con una Ley Orgánica Municipal que no se les puede aplicar porque no los prevé”.

En el encuentro los legisladores coincidieron con las autoridades municipales en la necesidad de reformar la Ley, y acatar lo que ya es un mandato de tribunales, por lo que se acordó la creación de mesas de trabajo para una revisión de los ordenamientos que tendrían que ser susceptibles a reformar.

25 marzo, 2019

Notas Relacionadas