Rodrigo Caballero/ @RodCaballero
Morelia, Michoacán.-El encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Jaime Rodríguez Aguilar , aseguró que en el caso de las cinco detenciones en la tenencia de Ucareo no era necesaria una orden de aprensión en su contra.
“No es cierto que en un momento dado sólo con una orden de aprensión nos los podíamos traer y menos que cometamos una serie de abusos; no se puede hombre” aseguró Aguilar Rodríguez.
En entrevista para Michoacán TresPuntoCero, el funcionario incluso aclaró que no se trataba de detenciones sino que las cinco personas fueron llamadas a declarar y después se determinó la culpabilidad de tres de ellas.
El juez de Control fue quien determinó que la posterior detención habría sido legal y no fue necesaria una orden puesto que se basaron en la figura jurídica de “notoria urgencia” contenida en el Nuevo Sistema de Justicia Penal aclaró el encargado.
La Procuraduría incluso aseguró que estuvo presente un visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) durante las declaraciones de los tres implicados y dos testigos del caso.
“Sobre todo ahora no sabes cómo somos respetuosos de los Derechos Humanos con el nuevo sistema de juicios orales” aseguró Jaime Aguilar.
La PGJE sostuvo su postura que fueron pobladores de Ucareo los que asesinaron y colgaron de un puente vehicular a presuntos secuestradores por lo que, en palabras del encargado de despacho, “tomaron la justicia en sus propias manos”.
Sin embargo, esto fue catalogado como una mentira por los habitantes de la tenencia del municipio de Zinapécuaro quienes acusaron a la Procuraduría de “fabricar culpables”.
La tarde-noche del viernes 3 de julio, los pobladores aseguran que nueve camionetas blancas de la PGJE se llevaron de forma violenta a cinco personas sin presentar cargos en su contra.
“Esos que aparecieron colgados ni eran de aquí, los vinieron a tirar y nos los quieren cargar a nosotros” reclamaron los pobladores durante el recorrido que Michoacán TresPuntoCero hizo en las barricadas que colocaron en las entradas del pueblo.
Al respecto Fermín Aguilar, vocero del movimiento que pugna la liberación de sus vecinos, inclusive declaró ante los medios de comunicación “vean la parte lógica, los encuentran [a las personas colgadas] y ese mismo día encuentran gente, ya tenían detenidos, dónde está la investigación, dónde está el procedimiento legal que tienen que hacer… se lo brincaron y están violando nuestros derechos constitucionales nuestras garantías individuales”.
Ante las dudas que generó entre los ucarenses la carpeta de investigación promovida por la Procuraduría, el encargado de la dependencia dijo que vivimos en una sociedad de Estado de Derecho y afirmó “aquí [en la PGJE] no se fabrican delincuentes”.
Actualmente, los tres imputados esperan conocer su situación legal en un caso que será desahogado el próximo viernes 10 de julio; mientras tanto, sus familiares ya levantaron una queja ante la CEDH con clave 686/2015 por violación a sus derechos de libertad y seguridad, así como ejercicio indebido de la acción pública y abuso de autoridad.
Sin embargo, las medidas cautelares del Poder de Justica del Estado de Michoacán han generado aún más descontento entre los pobladores que tienen bloqueados sus accesos para evitar que la PGJE vuelva a entrar para llevarse a más detenidos.
Respecto a las acciones que han tomado los pobladores de ésta comunidad –de no más de 2 mil 500 habitantes-, el encargado de la PGJE dijo que “están tratando de evadir la responsabilidad” por el ahorcamiento de dos personas
“El Estado y la Procuraduría no pueden permitir que ninguna persona se tome la justicia en sus manos, no lo puede hacer aunque estas personas hayan sido secuestradores; la obligación era tomarlos y entregarlos a la autoridad” sentenció Aguilar Rodríguez.
