La autonomía de la Auditoría Superior de Michoacán no cuajó con la aprobación de la nueva Ley de Fiscalización Superior de Michoacán, ya que los legisladores optaron por modificar el dictamen elaborado por la Comisión Inspectora para que el Congreso del Estado mantenga el control presupuestal de órgano fiscalizador.
Este jueves el Pleno de la LXXIV Legislatura aprobó la Ley de Fiscalización por unanimidad, reservándose en lo particular tres artículos que fueron modificados.
Un intenso cabildeo entre los legisladores se suscitaría previo a la lectura y discusión de la nueva norma, debido al rechazo de perredistas y panistas a que se otorgara a la Auditoría el carácter de Unidad Programática Presupuestaria (UPP) lo que le hubiera permitido autonomía al no depender del presupuesto del Congreso y con ello del control económico por parte de los diputados.
A priistas y morenistas no les alcanzaban los votos para lograr que la Auditoría quedara como UPP, según lo reconoció en entrevista Marco Polo Aguirre Chávez, presidente de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior.
Y es que de inicio Morena y PRI, junto con PT calculaban que la votación les alcanzaría para concretar la autonomía financiera pues preveían que Movimiento Ciudadano, Partido Verde e Independientes caminarían con ellos, sin embargo MC, PVEM y un diputado petista se inclinarían con PRD y PAN.
Es así como se optó por el consenso, suprimiendo la creación de la UPP, y adecuando el dictamen para que dentro del presupuesto del Poder Legislativo, se establezca en un apartado específico el monto correspondiente a la Auditoría Superior de Michoacán, situación que actualmente no ocurre.
En la sesión nadie hizo uso de la tribuna para posicionarse sobre la nueva norma, tras el cabildeo, la lectura de la Ley y su aprobación se dio por concluido el asunto.
Uno de los temas previstos en los artículos transitorios de la nueva norma, es el de la designación del Auditor Superior de Michoacán que está pendiente, y sobre la cual ya se había emitido una convocatoria que fue derogada a fin de que se emita otra con base a las reglas que establece la nueva legislación.
En la norma aprobada se modifican los plazos para la aprobación del Plan de Fiscalización Anual con la idea de que la Auditoria cuente con tiempo suficiente para realizar la revisión de las cuentas públicas estatal y municipales, y que el proceso de fiscalización sea de forma continua, ininterrumpida, eficaz y eficiente, sin periodos de inactividad.
Además hay un catálogo nuevo de prohibiciones dentro del trabajo que toca realizar al auditor superior y los auditores especiales, los que en caso de incumplimiento podrán ser removidos del cargo; también se incorpora el servicio profesional de carrera.
