(24 de marzo, 2015).- Recientemente se aprobó en México la Reforma Energética, misma que da privilegios a la explotación de hidrocarburos y se promueve al fracking (que hace uso de millones de litros de agua potable para la extracción de gas shale, rompiendo, junto con otros químicos, literalmente las capas de la tierra).
Bien se menciona que en la política no hay coincidencias ya que, tras aprobar la Reforma, otro debate ha surgido: La aprobación de la Ley General de Aguas, misma que ha sido acusada de privatizadora, y es que esta ley aparece como una adecuación para facilitar el acceso de los intereses de las empresas al agua.
Y es que las quejas no son sólo de la sociedad; diversas instituciones como Greenpeace, Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y Red Ambiental Mexicana han expuesto razones suficientes para ver que esta Ley va en contra de los derechos humanos y su calidad de privatizadora.
Cabe señalar que hace unos días la SEMARNAT declaró que el fracking puede ocasionar competencia por el agua además de contaminación de los mantos acuíferos y contribuir al calentamiento global a la contaminación del suelo, atmosférica así como pérdida de la biodiversidad.
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“Debido a que se requieren de 9 a 29 millones de litros para la fractura de un sólo pozo, en función de la profundidad, extensión y permeabilidad del yacimiento, cuando se perforan varios pozos en una región determinada, se compite por el agua para otros usos, comprometiendo el derecho humano al agua, es decir al agua para consumo doméstico, así como el agua destinada para la producción agrícola y el sostenimiento de ecosistemas”, lo anterior refleja claramente una relación con la nueva Ley General de Aguas pues, si se privatiza el agua, el abasto iría más en torno a la rentabilidad para unos cuantos que el abasto para todos, lo que violaría a los derechos humanos.
Sería prudente que desde hace dos décadas en México han existido privatizaciones que van dirigidas con un capitalismo neoliberal que no ha mejorado las condiciones de la población ya que la mitad de la población vive en pobreza. Si se diese la aprobación de esta Ley se culminaría un pensamiento que va en favor del libre mercado sobre cualquier criterio, lo que se traduce como un sinsentido que es movido por una avaricia que conlleva al suicidio.
