Carlos Portillo / @portillo_carlos
(21 de enero, 2014).- Luego de que el sector productivo agroalimentario demandara un cambio de fondo para las políticas fracasadas de privatización y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con 20 años ya cumplidos; ahora, el presidente Peña Nieto ha anunciado el pasado 6 de enero, en un evento sobre el 99 aniversario de la promulgación de la Ley Agraria de 1915, que en los próximos meses será presentada una reforma para el campo. No obstante, ésta representa una grave amenaza contra los campesinos mexicanos.
La Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) ha concebido esta propuesta como una secuela de las reformas impuestas durante el año pasado, las cuales se aprobaron sin deliberación pública ni consulta ciudadana o de los sectores afectados. De esta forma, dichos representantes del campo han considerado cinco serias amenazas ante las que se dicen dispuestos a rechazar y frenar:
1.- Privatización vía rápida –– del ejido y la comunidad.
Entre los indicios para sospechar esto, la ANEC señala la declaración reciente del secretario de Agricultura, Enrique Martínez, afirmando que “una producción agropecuaria rentable es hoy inviable debido a la pulverización de la tierra” e indicando dos caminos: “la asociatividad de los pequeños productores, y un tránsito más rápido de la propiedad social a la propiedad privada”.
2.- Profundización del modelo de libre importación, monopolios y dependencia agroalimentaria.
Se refiere a que en lugar de una rectificación, se llevará a cabo la profundización en el TLCAN, así como la inclusión de la agricultura en otros tratados de libre comercio.
3.- Profundización de la agricultura industrial / etapa transgénica de la revolución verde y de la dependencia de monopolios y del exterior.
Tiene que ver con la autorización masiva de la siembra comercial de maíz transgénico y demás cultivos genéticamente modificados, autorización de alimentos para la producción de biocombustibles, ampliación del uso de agroquímicos, incremento en el uso de combustibles fósiles y de emisión de carbono, aumento de la dependencia alimentaria y tecnológica, además de la del poder económico y político de los monopolios agroalimentarios.
4.- Profundización del despojo y depredación de recursos naturales.
Seguramente se acelerará el despojo de tierras a campesinos e indígenas, aparte de agua, minerales, recursos eólicos, biodiversidad, entre otros. Asimismo, como complemento a la reforma energética, aumentarán las concesiones mineras, petroleras y gaseras para la explotación de territorios campesinos e indígenas, y se dará inicio a la fractura hidráulica, ofracking.
5.- Debilitamiento de la resistencia social en el campo frente al despojo.
Expulsión de campesinos e indígenas de sus territorios, control político total de la población rural mediante programas asistencialistas y condicionamiento de apoyos públicos.
Al plantear estas cinco amenazas, la ANEC hace un llamado a la sociedad rural y a la sociedad civil organizada, para defender el campo mexicano ante la nueva ofensiva de exterminación de agricultores, indígenas y modos de vida rurales en general.
Mientras tanto, la ONU reconoce el gran potencial de la agricultura campesina, como forma de combatir la inseguridad alimentaria en el mundo, declarando el 2014 como Año Internacional de la Agricultura Familiar.
Por su parte, la FAO también ha enaltecido las posibilidades de la agricultura en pequeña y mediana escala para aumentar la producción de alimentos con sustentabilidad y respeto a los derechos de los campesinos y modos de vida rurales. Incluso el Banco Mundial ha aceptado el error de haber ignorado a las agriculturas campesinas e indígenas durante décadas.
Es por esto que el pasado 2 de enero se ha emitió un Plan Campesino para un cambio verdadero en el campo mexicano, en un acto realizado sobre el puente internacional Córdoba-Las Américas de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde el coordinador del Frente Democrático Campesino de dicha entidad, Fernando Ortega, hizo público el Manifiesto Campesino de Ciudad Juárez contra el TLCAN y en busca de un cambio verdadero en la política hacia el campo.
Posteriormente, la ANEC retomaría este Manifiesto para hacer suyas las cinco demandas que exponen los 30 años de políticas anticampesinas y 20 del TLCAN, buscando recuperar la soberanía alimentaria con propiedad social de la tierra y el territorio.
1.- Demandamos precios justos para nuestras cosechas y seguridad en la comercialización.
Se exige establecer un sistema de ingresos-objetivo por cultivo que permita recuperar costos de producción y adquirir una utilidad razonable. Si no son suficientes los precios del mercado, deberán existir apoyos gubernamentales complementarios. De igual forma, es necesario crear un sistema de compras gubernamentales de última instancia, una reserva pública de alimentos, y recuperar el control gubernamental del comercio exterior agroalimentario, desmantelar los monopolios y masificar la organización y capitalización de los productores para la administración de la oferta y el ordenamiento de los mercados.
2.- Demandamos una política de Estado multianual para la autosuficiencia alimentaria con pequeños y medianos productores, con un nuevo modelo de producción sustentable de alimentos sanos, sin transgénicos y sin monopolios.
3.- Demandamos el respeto irrestricto al ejido y la comunidad.
Se rechaza toda “reforma rural” que tenga la intención de privatizar las tierras, aguas, semillas, territorios y recursos naturales de uso común y manejo comunitario. Se rechazan las concesiones mineras y petroleras, la minería a cielo abierto, y la explotación petrolera y de gas vía fractura hidráulica, además de los megaproyectos hidráulicos, eólicos, turísticos, inmobiliarios, de vivienda, etcétera, que se intenten imponer sobre la voluntad libre e informada de los pueblos y comunidades, o que violen su derecho a un medio ambiente sano.
4.- Demandamos el derecho a no migrar y a vivir con dignidad, con nuestras familias en nuestras comunidades.
Se demanda una inmediata reforma migratoria justa para los mexicanos sin papeles, mientras que al gobierno mexicano se le exige expedir visas de tránsito a los migrantes centroamericanos.
5.- Rechazamos el TLCAN y ahora el Tratado Transpacífico (TPP).
Se critica que el TPP se negocie en secreto y sin la participación de campesinos e indígenas, amenazando con llegar a ser igual o peor que el TLCAN. Además, se desconoce la reforma energética por atentar contra los principios de la Constitución y entregar los recursos estratégicos de la nación al extranjero y la iniciativa privada.
Finalmente, se hizo un llamado para poner en acción una campaña de información, reflexión, organización y movilización en el México rural profundo; en todos los ejidos, comunidades, organizaciones campesinas e indígenas, localidades rurales; así como entre los grupos étnicos, las escuelas, universidades y centros de enseñanza e investigación agrícola superior; las organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, los sindicatos, las organizaciones populares y de consumidores; y en general, toda la ciudadanía del campo y de la ciudad.
Con relación a esto, se anunciaron las próximas actividades en puerta:
- 29 de enero – Foro Trinacional Campesino (STUNAM, Av. Universidad 779)
- 30 y 31 de enero – Foro Trinacional Multisectorial (STUNAM, Av. Universidad 779)
- 31 de enero – Movilización de movimiento sociales. Espacio conquistado por el Movimiento “el campo no aguanta más” en 2003. ¡No Partidos Políticos!
