Un nuevo intento por fiscalizar la cuenta “cargos por aplicar” a través de una auditoría externa, es el que se dará en la sesión del Pleno del Congreso cando se discuta el dictamen sobre la reestructuración de la deuda pública del estado.
En dicha cuenta es donde creció y se alimentó la llamada licuadora financiera motivo del colapso financiero en que se encuentra Michoacán, y desde la revisión de la Cuenta Pública 2014 el año pasado se planteó la aplicación de la auditoría forense, lo que en su momento fue rechazado por la mayoría del Congreso.
El dictamen que contiene la autorización de la reestructura no contempla aún la aplicación de la auditoría forense, pero será propuesta ante el pleno para su incorporación por la presidenta de la Comisión Inspectora, Yarabi Ávila González.
La propuesta de artículo transitorio es: “el Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración, ordenará la reaización de una auditoría forense a la cuenta Cargos por aplicar, que abarque desde los orígenes de la misma hasta el ajuste realizado en el año 2014.
“Para la realización de la auditoría forense se contratarán los servicios de profesionales externos, mediante un procedimiento de licitación pública nacional. Los trabajos que desarrollen los profesionales externos serán supervisados conjuntamente por el Poder Ejecutivo del Estado por conducto del Secretario de Finanzas y Administración, así como por el Congreso del Estado por conducto de los diputados integrantes de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán y de la Juta de Coordinación Política, ante quienes deberán presentarse informes parciales de avance así como un informe final de resultados.
“En caso de que de dichos informes se desprenda la posible comisión de actos contrarios a la normatividad aplicable, se hará de conocimiento de las autoridades competentes, a fin de que se instauren los procedimientos administrativos, civiles, fiscales, penales o los que correspondan”.
Cabe apuntar que la cuenta de “Cargos por aplicar” era utilizada para simular montos de deuda inferior a los realmente existentes, pues en ella se reportaban montos que de origen debían ser incluidos como deuda estatal.
La explicación se dio en la propia Cuenta Pública del 2014, al referir que el saldo de la cuenta “Cargos por aplicar“ al 30 de septiembre de 2014, representaba el monto de la deuda contratada en ese ejercicio y años anteriores con instituciones financieras a largo plazo y pendiente de aplicar contra resultados (Amortización deuda pública capítulo 9000), conforme a lo dispuesto en los artículos 55 fracción I de la Ley de Hacienda del Estado y primero de la Ley de Ingresos, “los recursos obtenidos mediante empréstitos, se consideran como un ingreso extraordinario siendo la cuenta de Cargos por Aplicar la contra cuenta para el registro del pasivo correspondiente, dicha cuenta se amortizaba conforme se realizaban los pagos de los créditos contratados, lo anterior contraviene a lo establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC el 22 de noviembre de 2010 en su Capítulo V”.
El Congreso local en la pasada Legislatura a través del Decreto 507 mandató al Ejecutivo corregir la cuenta de Cargos por Aplicar conforme a la norma, por lo que desde el 2015 ya no aparece en los registros, lo que hizo que la Cámara redujera sus posibilidades de entrar a la revisión de las irregularidades detectadas ahí.
Una de esas posibilidades era durante la revisión de la Cuenta Pública 2014, la cual fue dictaminada a principios del 2016 y sobre la que hubo oposición mayoritaria en el Congreso para a aplicación de una auditoría forense a dicha cuenta, optándose por crear una comisión especial para tal efecto, la cual no ha tenido un avance pues no ha mostrado ser afecta al trabajo.
Incluso en marzo de 2016 el propio auditor Superior de Michoacán, José Luis López Salgado reportó que a través de la licuadora financiera y esta cuenta, en 2014 el Estado tuvo movimientos contables por el orden de un billón 990 mil millones de pesos pese a contar sólo con un presupuesto de 60 mil millones de pesos.
