La propuesta del gobierno estatal de contratar un nuevo préstamo para enfrentar el déficit financiero en la administración pública, es necesario pero no se justifica cuando se enfrentan limitantes legales ante este propósito, además de que ya tiene un costo financiero que rebasa los 3 mil 300 millones de pesos anuales, monto equivalente a los pasivos en la Secretaría de Educación del Estado (SEE) y que presuntamente tendría insuficiencia para pagar a docentes y personal desde la segunda quincena de junio.
Así lo consideró Heliodoro Gil Corona, director de Proyectos Estratégicos del Colegio de Economistas del Estado (CEEM), ante el escenario de dificultad que anunciaran autoridades de Finanzas ante diputados locales el pasado fin de semana y que consideró derivado de la pérdida de capacidad de inversión por la presión de liquidez. En el caso de los impedimentos legales, el analista observa que los créditos contratados deben aplicarse a inversiones productivas y no a usarlos en gasto corriente, como puede ser el pago de salarios, adeudos a contratistas, aspecto en el que dijo que “lo importante es el fundamento, no el mecanismo”.
El alto costo que ya representa la contratación de deuda pública, dijo, que va más allá de los 3 mil 200 millones de pesos, indica que “el gobierno tiene una deuda más allá de su posibilidad real de pago” y merma sus posibilidades de inversión, por lo que sugirió tener cuidado ante el escenario cercano, en este mismo mes, de incapacidad de pagos a empleados en la SEE, al igual que anticipó otro escenario difícil en octubre próximo con la Universidad Michoacana, donde el presupuesto ordinario asignado se agota e imposibilita el pago a los sindicalizados. “Esos elementos son los que están imposibilitando que el gobierno tenga capacidad de pago”, dijo.
“No hay la necesidad a ese nivel”, señaló el especialista sobre el contratar un nuevo empréstito, quien dudó de si se justifica, sobre todo cuando Michoacán mantiene al momento cuatro causas fundamentales de su rezago económico y financiero: Contracción en la economía interna y en el mercado laboral; el ajuste de trabajadores de confianza y de base en delegaciones; marginal inversión pública y una desaceleración económica local en el primer trimestre del año con un decrecimiento del 0.7 por ciento.
