El senador de la República por el Partido del Trabajo (PT), Manuel Bartlett Díaz, denunció que el gobierno de Puebla, encabezado por Rafael Moreno Valle, subvencionó el pasado proceso electoral en Tlaxcala -a través del desvío de recursos públicos y de petición de favores políticos, por su gran influencia en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN)- a los candidatos del blanquiazul a puestos de elección popular.
El legislador poblano sostuvo que a través de la concentración de inmensas cantidades de dinero, es que la élite en el poder, en la que están incluidos políticos de gran envergadura, ha corrompido al país.
“El sistema electoral mexicano está dominado por el dinero, las últimas elecciones significaron una cantidad enorme de recursos de los partidos dominantes -hasta antes de las elecciones y hoy caídos en desgracia- pero este sistema que significa el poder económico, es el que está acabando con el país; es el que compra a las televisoras, el que subsidia y mantiene la dictadura mediática que engaña al pueblo de México y lo mantiene en una situación de desinformación, contrario a lo que dice la Constitución. Es ese sistema el que gobierna”, argumentó Bartlett.
Añadió que, por ejemplo, la empresa OHL es un ejemplo de corrupción organizada, que el contenido de las conversaciones entre sus mandos y funcionarios del gobierno del estado de México, amerita una investigación real y que esta no debe enfocarse a investigar a la empresa, sino a esa corrupción organizada, en la que participan gobernadores y secretarios.
“El dinero de la corrupción organizada, el dinero que dan las grandes transnacionales y las grandes constructoras, ese es el dinero político y si no se detiene, la oligarquía seguirá dominando el país, en contra de los intereses populares”, argumentó el petista cuando en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se discutía un punto de acuerdo a través del cual se solicitó a varias dependencias federales, presenten informes detallados sobre los avances de diversas auditorías a la constructora española.
A pesar del escándalo en que se ha visto inmiscuida, la empresa OHL México, mantiene las concesiones otorgadas por el gobierno federal y diversos gobiernos estatales, en la mayor parte de las autopistas del centro del país; a través de su presencia tan sólo en la Ciudad de México, el estado de México y Puebla, concentra el pago de peaje de más del 25 % del total de autos del país.
En 2014, la empresa de española tuvo ingresos por 17 mil millones de pesos y 13 mil millones más por el concepto de utilidades, producto de las siete concesiones que mantiene y de las que informó oportunamente Revolución TRESPUNTOCERO.
“No es la empresa en sí, sino la participación de las autoridades del estado de México y de Puebla, que han estado vinculados a estos negocios inmensos, que tienen un control más grande del país, del movimiento de automóviles. En consecuencia, si es cierto -como se ha venido señalando y festinando- que estamos en la lucha contra la corrupción y de la que Peña Nieto ha hecho gala, no puede dejarse que esto pase desapercibido y que se olvide”, sostuvo Bartlett.
Bloque contra corrupción en el Edomex
A los señalamientos sobre corrupción en el estado de México, entidad gobernada por el PRI desde hace varias décadas, y uno de los pocos estados en los que no ha habido alternancia en el poder, se sumaron legisladores de otros grupos parlamentarios con representación en el Congreso.
Lourdes Amaya, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), argumentó que en materia de impunidad, nuestro país es “un paraíso”, pues el 94 % de delitos quedan sin castigo.
La diputada añadió que en el reporte sobre derecho humanos de 2014, realizado por el Departamento de Estado del gobierno norteamericano, se señala que los principales problemas que enfrenta México son: la corrupción y la impunidad.
“Algo está ocurriendo en el estado de México, que dicho sea de paso, ocupa el segundo lugar en corrupción del país, de acuerdo con el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno de Transparencia Mexicana, ya que los funcionarios públicos de esa entidad, han encontrado un modus operandi, en el que, a cambio de otorgar proyectos multimillonarios a contratistas, reciben una serie de beneficios poco explicables en el marco de la ética y de los sueldos que pueden percibirse como servidores públicos”, sostuvo Amaya.
La perredista señaló que el mercado y sus valores, se han impuesto sobre la política y que pareciera que la clase política, en su uso patrimonialista del poder, se ha vuelto no sólo cómplice e ineficaz, sino que en su actuar, debilita a las instituciones encargadas de impartir justicia en el Estado.
“Hacemos un enérgico llamado para que la administración de Eruviel Ávila deje a un lado las complicidades y la opacidad en su accionar e investigue a fondo la serie de irregularidades que existen en los contratos de OHL porque al final del día, si la impunidad impera en la clase política, como ciudadanas y ciudadanos, no esperemos mucho”, dijo la legisladora.
En su intervención, el diputado Danner González, de Movimiento Ciudadano (MC), argumentó que en la vida pública de México imperan frecuentes ejemplos de colusión entre funcionarios públicos e intereses privados, y el caso de OHL, es uno más de una entramada red.
Añadió que los últimos audios difundidos, apuntan a que la propia Consejería Jurídica de Eruviel Ávila, litigan a favor de OHL, lo que violenta la Constitución Política de nuestro país, así como la del estado de México y la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.
“Es urgente cancelar las concesiones a esta empresa, es urgente deslindar responsabilidades de tipo penal y administrativo, pero sobre todo, es urgente que el gobernador del estado envíe un mensaje muy claro sobre qué se hace con los funcionarios de su administración que incurren en este tipo de ilícitos”, sostuvo González.
La también diputada del PT, Lilia Aguilar, informó que de acuerdo al Observatorio de la Ciudad de México, el costo de la corrupción en el sector público, por la asignación de contratos y adquisiciones del gobierno federal a particulares, ha costado al país 6 mil 987 millones de pesos.
“México ocupa el muy honroso lugar 103 de 175, en el Índice de Corrupción de Transparencia Internacional y el Fondo Monetario Internacional, estima que un país corrupto recibe hasta 5 % menos inversiones directas de capital extranjero, en comparación con las naciones que no tienen este problema y donde los contratos se asignan de manera transparente y legal. Como consecuencia, México perdió 84 mil millones de pesos en inversiones, debido a que estos se destinaron a los moches y las mordidas para servidores públicos corruptos”, afirmó.
Minimizar el golpe
Tras los señalamientos, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Cristina Ruiz Sandoval, trató de minimizar los golpes en contra del gobierno de Eruviel Ávila y dijo que no se ha comprobado que haya irregularidades en las obras concesionadas a OHL.
Se acreditó, “ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, que la construcción del Viaducto Bicentenario en México, la constructora OHL ha cumplido bien y fielmente, los términos y condiciones del título de concesión, descartando sobre precios u otro tipo de anomalías”, dijo la legisladora del tricolor.
Ruiz Sandoval arremetió contra la administración de Marcelo Ebrard, al afirmar que, por lo menos, las obras de OHL se encuentran en funcionamiento, no como la Línea 12 del Metro, inactividad que afecta diariamente a más de 500 mil usuarios.
“Lo que tenemos hasta el momento sólo son grabaciones ilegales que fueron filtradas casualmente en pleno proceso electoral, no vamos a caer en el linchamiento hacia una empresa o gobierno…ante cualquier indicio sobre corrupción, las autoridades competentes deben investigar de manera exhaustiva y determinar las acciones que correspondan”, dijo la diputada, antes de recriminar que varios de sus homólogos quieran ser “Ministerios Públicos o jueces”.
