Operación de recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, acusaciones contra Silvano

Morelia, Michoacán.- La Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán, confirmó que el ex gobernador Silvano Aureoles Conejo, es buscado por las autoridades federales para enfrentar un proceso judicial por los delitos de peculado, administración fraudulenta, operación con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

La titular de la Secoem, Azucena Marín Correa explicó que servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de Finanzas, por instrucciones del entonces gobernador, Aureoles Conejo, compraron a sobreprecio siete cuarteles de la Policía Michoacán.

Dichos cuarteles que se compraron a sobreprecio habían sido arrendados, modificados y se pagaba mantenimiento; para ello, se destinaron aproximadamente 5 mil millones de pesos y se comprobó que 3 mil 468 millones de pesos eran de procedencia irregular.

La actual administración a través de la Secretaría de la Contraloría inició la auditoría a los cuarteles en noviembre del 2021.

La funcionaria dijo que, en contraste con las instalaciones y en contraste con los servicios de primer nivel que inicialmente serían los que estarían a disposición de los elementos que iban a habitar esos cuarteles, “nos encontramos con espacios de impuestos limitados de muchísima gama y la patente no era lo que se había adquirido”.

Por ello, el 16 de febrero del 2022, se presentó la denuncia penal por parte de la Secretaría de Contraloría ante la Fiscalía General de la República y también se iniciaron mesas de trabajo de investigación con la Unidad de Inteligencia Financiera y las Fiscalías Especializadas.

En 2024 la Unidad de Inteligencia Financiera envió los resultados de su investigación a la Fiscalía General de la República, por lo que 31 servidores públicos de la Secretaría de la Contraloría y de la Secretaría de Seguridad Pública fueron llamados a rendir su testimonio a la Ciudad de México.

En febrero de 2024, se logró el aseguramiento precautorio de los siete inmuebles donde se encuentran los cuarteles, los cuales siguen asegurados.

En noviembre del 2024 la Secretaría de la Contraloría logró la reparación del daño por la cantidad de 970 millones 976 mil pesos a favor del gobierno del estado; finalmente en 2025, la FGR judicializó la carpeta por los delitos de peculado, administración fradulenta, operación con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

Como resultado de ello, explicó Azucena Marín, se dictaron órdenes de aprehensión en contra de varios servidores públicos identificados como presuntos implicados, de los cuales, cuatro de ellos ya fueron detenidos: Carlos, exsecretario de Finanzas, Antonio, exsecretario de Seguridad Pública, Elizabeth, exdelegada administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública y Mario, delegado administrativo en ese momento de la Secretaría de Seguridad Pública.

3 marzo, 2025

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