Alejandro Baltazar/ @Doncaracol3_0
Morelia, Michoacán.- El Centro de Análisis e Información FUNDAR, en conjunto con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) y Servicios y Asesoría por la Paz (SERAPAZ) publicaron el informe presentado ante el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas.
En este informe, se señalan contradicciones en las cifras presentadas por la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República.
Puesto que las organizaciones documentan un total de 20 mil 810 personas desaparecidas entre los años 2006 y 20014, de estas 13 mil 195 personas se registraron durante la administración de Felipe Calderón y 7 mil 615 personas desaparecidos en los dos primeros años de Enrique Peña.
El panorama lo describen más que alarmante puesto que, en lo que va de la administración priista la cifra de desaparecidos se traduce en el 60 por ciento del total de desaparecidos registrados durante la administración de Felipe Calderón
Además, en el informe, señalan las organizaciones que las deficiencias y confusión en la base de datos y cifras de desaparecidos oficiales persisten.
Acusan que la lista publicada por la SEGOB en días pasados, a través de una depuración, careció de búsqueda e investigación y de la misma forma señalaron la necesidad de hacer pública la metodología con la que se realizó esta depuración.
De la misma forma, señalan que entre los órganos como la SEGOB y la CNDH las cifras de sus listados no corresponden, lo que enrarece aún más el cómo llegaron a sus cifras.
Sobre la impartición de justicia y marco jurídico el informe señala que no se cuenta con el Reglamento de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidos.
En tanto, el número de averiguaciones previas iniciadas por el delito de desaparición forzada, es confuso puesto que según las organizaciones se iniciaron 99 averiguaciones por este delito entre los años 2006 y 2013 a nivel federal y 192 a nivel local.
Por otra parte, la Procuraduría General de la República reporta 138 averiguaciones por el mismo delito en el mismo periodo de tiempo.
Por estos datos, el informe señala que la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas se encuentra rebasada, con problemas de estructura y al igual que la impartición de justicia, se encuentra muy por debajo de las necesidades derivadas de las cifras publicadas por la SEGOB.
Para finalizar, en el documento entregado al Comité Contra la Desaparición Forzada expone que las medidas que hasta ahora han impuesto desde el gobierno mexicano son insuficientes ante el tamaño de la problemática.
Por lo que urgieron al Estado a cumplir con sus obligaciones contraídas en la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y atender las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias que visitó México en marzo del 2011.
Para revisar el informe Click
