Alejandro Baltazar / @Doncaracol3_0
Morelia, Michoacán.- El juez décimo de distrito en materia penal, concedió la tarde de este lunes la suspensión en vía de amparo a Jesús Reyna García, ex secretario del Gobierno de Michoacán, hoy arraigado por 40 días e indiciado por nexos con el cártel de Los Caballeros Templarios.
A su vez, el juez de nombre Gilberto Romero Guzmán, ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR), justificar con pruebas los motivos legales en los que se sustenta el arraigo y la investigación a la que es sujeto.
Y es que, Reyna García reclamó en su demanda de amparo, violaciones a sus derechos humanos, como haber sido víctima de “actos de incomunicación, detención y/o retención o cualquier acto que implique privación o restricción de la libertad personal”.
Según el expediente de amparo 331/2014, señala que si el Ministerio Público federal en un plazo improrrogable de 24 horas no documenta las razones jurídicas que iniciaron la averiguación contra Reyna García “se presumirán ciertos los actos reclamados por el quejoso”.
Además de que se advierte que el amparo promovido pretende evitar su consignación y que la PGR no le asegure sus bienes mientras permanezca bajo arraigo.
Por el momento Reyna García se encuentra retenido en las instalaciones del Centro Federal de Investigaciones de la PGR, en la delegación Cuauhtémoc en el Distrito Federal, puesto que se encuentra bajo averiguación previa iniciada en su contra por parte de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Las indagaciones realizada en su contra apuntan a sus vínculos con Los Caballeros Templarios, en particular con Enrique “Kike” Plancarte, quién fue muerto en enfrentamiento con el Ejército Mexicano en fechas recientes y con quien, se tienen pruebas, Jesús Reyna tuvo comunicación así como diversas reuniones con otros líderes “templarios”
Horas antes de que el Ministerio Público Federal realizara el arraigo, Reyna García interpuso una demanda de garantías, presentada el pasado 5 de abril, que fue admitida por el juez décimo en Materia Penal en el Distrito Federal.