Enrique Legorreta / @enriquelego3_0
El tema de las autodefensas en el estado de Michoacán sigue dando de qué hablar entre los miembros del grupo parlamentario en el Senado de la República, por parte del Partido Acción Nacional (PAN), ya que tras la muerte del alcalde de Tanhuato, Gustavo Garibay, y de que el ‘virrey’, comisionado de Seguridad, Alfredo Castillo, diera a conocer que un posible líder de las autodefensas fue el responsable; ahora, los senadores panistas pidieron que se lleve a cabo el desarme de estos grupos de civiles armados.
En conferencia de prensa, el coordinador de la bancada blanquiazul, Jorge Luis Preciado, señaló que tras la detención de los responsables de la muerte del alcalde panista, se da un caso diferente, ya que el presunto responsable es un líder de las autodefensas.
“Hoy lo que nos señala el Gobierno Federal es que detuvieron a los probables responsables, y para nuestra sorpresa, pues estamos ante una situación mucho más grave porque es el segundo líder de autodefensa que es señalado por homicidio. Desde hace varios meses nosotros advertimos al Gobierno Federal que no podía legitimar las autodefensas.
Y ahora es increíble que una de las armas con las que mataron al alcalde haya sido recogida por el Gobierno Federal, haya sido registrada y se le haya devuelto a la autodefensa para que con esa misma arma y otras que emplearon otras 19 personas, hubieran asesinado a un alcalde del PAN. Es absolutamente lamentable que se esté saliendo fuera de control el tema de las autodefensas en Michoacán. Y lo más grave es que es un tema que está emigrando a Guerrero, a Morelos, a Guanajuato y al Estado de México”, apuntó.
Ante esta situación, el senador Roberto Gil Zuarth señaló que se debe desarmar y desintegrar a estas organizaciones, ya que es necesario analizar si tienen algún antecedente penal, y buscar que se den oportunidades de desarrollo para levantar la situación de violencia que existe en el estado de Michoacán.
“¿Qué hacer con las Autodefensas? Seguir la experiencia internacional, es decir, desmovilizarlos, y eso implica identificarlos, retirarles las armas, revisar sus antecedentes penales, establecer un mecanismo para generar responsabilidades y, eventualmente, conmutar alguna de las penas; siempre y cuando se ejerza a cabalidad el proceso penal, es decir, se dilucide la verdad de la comisión de posibles delitos y, por último, generar posibilidades u oportunidades laborales, productivas y educativas.
Eso es lo que la experiencia internacional indica cuando hay expresiones ciudadanas o civiles que toman las armas por cualquier motivo: un proceso de desmovilización”,
