Redacción / @Michoacan3_0
Morelia, Michoacán.-Los Partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano reprobaron los abusos cometidos a los servidores públicos encargados de la seguridad en el estado, para con la ciudadanía y el gremio periodístico.
Exigieron un freno a estos atropellos y a que no se aliente la impunidad que prevalece en la estrategia de seguridad coordinada por el comisionado Alfredo Castillo Cervantes, la cual, está en entredicho por los malos resultados del mismo a la luz de cifras oficiales del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Los representantes de diversas fuerzas políticas inquirieron que la sociedad michoacana continúa padeciendo una crisis de inseguridad e impunidad, donde el crimen organizado sigue desestabilizando la tranquilidad de Michoacán, y ahora, por si fuera poco, las corporaciones encargadas de proteger a los ciudadanos, han protagonizado abusos cotidianos contra la población.
Ante una nueva queja colectiva presentada por un grupo de periodistas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ayer miércoles 10 de septiembre, la cual se suma a los 17 expedientes abiertos de investigación sobre agresiones a integrantes del gremio en Michoacán hasta el mes de julio en la Fiscalía Especial para los Delitos contra los Periodistas, dependiente de la Procuraduría General de la República.
Las agresiones van desde la intimidación verbal, amenazas, hasta el asesinato o la desaparición, los institutos políticos hicieron un llamado a la Federación y al Gobierno del Estado a que implementen de carácter urgente acciones concretas para el respeto de los derechos humanos de la población y, en especial, se proteja y garantice el ejercicio periodístico, así como que se castigue a los elementos que en el ejercicio de sus funciones infrinjan la ley, quebranten el estado de derecho y debiliten aún más a las instituciones del Estado.
Señalaron que estos datos y las cotidianas denuncias que se registran en contra de los elementos policiacos, ilustran la deficiente capacitación e inadecuados procesos de selección del personal que integra la Fuerza Rural y Ciudadana así como a la Policía Ministerial, quienes tienen bajo su responsabilidad la delicada tarea de velar por la seguridad de los ciudadanos.
Exigieron una profunda revisión de las estructuras de seguridad pública, para tener claridad sobre quiénes son los mandos e integrantes de los cuerpos de seguridad, que se transparente si en realidad se han efectuado controles de confianza para los elementos de dichas corporaciones para evitar infiltraciones del crimen organizado así como si existe apego a protocolos y reglamentos en sus acciones.
Lo anterior, para ser adoptado como parte de una estrategia integral de seguridad pública que incluya la adecuada capacitación de los elementos y procesos adecuados de selección de personal, ya que la situación actual genera altos niveles de incertidumbre entre los michoacanos y permanecerá así mientras la seguridad siga en manos de elementos que no califican para el desempeño adecuado de su función y mientras las autoridades sean omisas ante las denuncias públicas que diversos sectores michoacanos han realizado.
