Redacción / @Michoacan3_0
Morelia, Michoacán.- Desde la consejería jurídica de la Presidencia y la Cámara de Diputados, Enrique Peña Nieto busca a través de las reformas de ley, los recursos legales para poder legalizar la censura en Internet.
En los últimos cinco años se ha dado una serie de cambios a las leyes mexicanas; como: la Ley de derechos de autor, la Ley de protección industrial y la reforma al
Código penal, así como a la Ley de Telecomunicaciones con los que pretenden fortalecer la capacidad del Estado para proteger intereses particulares.
Por ejemplo, a finales del año 2013, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una iniciativa de ley que pretende detener la distribución y comercialización de contenidos online que incumplan los derechos de autor y propiedad intelectual, planteando como sanciones a los infractores el bloqueo al acceso a Internet, multas e incluso la cárcel.
En este sentido el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) podría tener la facultad de censurar y suspender sitios de internet que promuevan el intercambio de archivos digitales como música, imágenes, libros o videos que infrinjan derechos de autor y a quienes compartan los archivos puesto que el sitio de internet tendrá la obligación de dar a conocer la identidad del usuario que infrinja la ley.
Esta iniciativa fue bautizada como la Ley SOPA del PRI en alusión a la ley Stop Online Piracy Act, presentada en el congreso de los Estados Unidos en el año 2011 y que sufrió severas críticas a nivel internacional.
Por su parte, la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión Click
que Enrique Peña Nieto envió al Senado, plantea algunas limitantes a internet como censurar contenidos, la posibilidad de bloquear la señal durante concentraciones públicas bajo el argumento de la seguridad y que acotan el principio de neutralidad, de acuerdo con especialistas en derechos digitales.
Bajo este entendido, el artículo 197, fracción VII, de la iniciativa plantea que la posibilidad que los concesionarios suspendan la red de internet en determinadas áreas y eventos: “Bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”.
No obstante, la propuesta de reforma a Ley de Propiedad Industrial, de la Ley Federal de Derecho de Autor y del Código Penal Federal, conocida como Ley Sopita
no se queda atrás, puesto que señala sanciones que irían desde los 20 mil a 30 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, lo que equivale a un millón 295 mil 200 y hasta un millón 942 mil 800 pesos, para quien infrinja la ley, sí como el cierre inmediato del sitio, sin aclarar las sanciones para el consumidor final que descargue los archivos.
De la misma forma, se contempla que la sanción sea acompañada por la cancelación de la cuenta o plataforma utilizada por el infractor, sea en redes sociales, sitios web, nube, blog e incluso correo electrónico y además seis años de cárcel y una sanción diez veces mayor para el administrador de la plataforma en la que se hayan violentado los derechos de autor.
Por todo esto, a esta ley se la ha catalogado como un intento de vulnerar la privacidad, afectar el anonimato, inhibir la innovación, frenar la inclusión de la tecnología en la sociedad y acotar la independencia en internet, características fundamentales que han abonado al crecimiento de la red global.
Lo anterior debido a que se obligaría a la creación de un órgano que espíe a los usuarios y sitios de internet para señalar a posibles infractores, lo que derivaría en una censura previa, misma que se encuentra prohibida en la Constitución mexicana y además limitaría la inmediatez en el intercambio de información, factor que pone por encima al internet de los medios tradicionales de comunicación.
