Raúl Linares/Revolución TresPuntoCero
Pese a la detención el pasado viernes 27 de junio, de José Manuel Mireles, quien fuera el vocero de las autodefensas en Tierra Caliente, Michoacán, bajo el pretexto de presunta portación de armas de fuego e incluso drogas, el fenómeno de civiles que se defienden de la delincuencia organizada sigue avanzando; sobre todo ahí donde privan los “vacíos de autoridad”.
Con presencia en 11 estados del país, predominantemente en estados con altos índices de conflictividad social, como Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Morelos, Guerrero, Chiapas, Puebla o Colima, entre otros, según informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), su avance, aunque silencioso, sigue latente pese a que su difusión mediática se mantenga reducida.
Ya sea, solapados por las autoridades, en franca tensión contra éstos, o bien, bajo un régimen de excepción o tolerancia, y frente a la baja atención a los problemas de seguridad pública, su presencia se ha convertido en un “mal necesario” de perfil a la baja respuesta de las autoridades en buena parte del territorio mexicano.
Y delante de ellas, también persisten las dudas y preocupación:
“Este Organismo autónomo –reza un documento de la CNDH– expresa su preocupación por la existencia de grupos armados con intereses distintos a la autoprotección, que quebranten la estabilidad de las instituciones, debido a que existe una línea muy tenue entre estas organizaciones de autodefensa y los grupos paramilitares”, se lee en el documento difundido en septiembre del año pasado.
A unos metros de casa
Hartos de las extorsiones y los elevados niveles de violencia, desde septiembre del 2013, vecinos, comerciantes y taxistas de la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, conformaron la agrupación autodenominada La Presa; organización que se defiende con los elementos que se encuentran a la mano.
Conformado por cerca de 40 miembros armados en activo, y una red de logística de 600 personas que los proveen de información y enseres, en la actualidad, este grupo afirmó en entrevista para el diario Reforma, que hasta el momento han rescatado a 82 personas, “en su mayoría víctimas de plagio exprés” y también, detenido a 10 personas relacionadas con dicho delito.
“Estaban secuestrando mucho a las personas en la colonia y (cometiendo) extorsiones. Te llevaban una carta y te pedían que les dieras dinero o, de lo contrario, te iba a pasar algo”, describió uno de los dirigentes, quien se hace llamar “Triángulo 2”.
“Al estar sucediendo todo esto y al ver que la policía no hacía su trabajo, no había vigilancia, no había investigaciones, notamos que había un vacío en la Policía Municipal, y de ahí tomamos la iniciativa para organizarnos”.
Además de patrullar y hacer revisiones en la colonia Lázaro Cárdenas, el autodenominado grupo de autodefensa La Presa instaló un sistema de videovigilancia para monitorear la actividad en la zona.
De acuerdo con miembros de la agrupación, cada una de las 22 cámaras instaladas en la colonia costó alrededor de 17 mil pesos. Además, dijeron que éstas fueron montadas en puntos estratégicos de la colonia, donde se pretenden inhibir principalmente los casos de secuestro y extorsión.
¿Fracaso del Estado?
Para la doctora Rossana Reguillo, académica de la Universidad de Guadalajara (ITESO), la posibilidad de regularizar la operación de los grupos de autodefensas, sería “el fracaso rotundo del Estado”. Reguillo argumenta que optar por esta vía “es aceptar que el Estado no pudo con su chamba”.
“Puedo entender que la justicia es un bien totalmente ausente de muchísimos territorios en el país en donde la presencia del Estado o no llega y cuando llega de maneras muy complejas y corruptas.
“Eso explicaría la necesidad de las poblaciones de auto dotarse de mecanismos para preservar la seguridad. Pero haciendo una lectura crítica, las guardias civiles pueden tener impactos profundos porque al final de cuentas, son territorios por fuera de la jurisdicción del Estado nacional”, explicó la académica en una entrevista para el diario ibérico El País.
No es la primera en opinar lo mismo, como deja constancia el informe de la CNDH.
De “aliados” a proscritos
La detención de José Manuel Mireles se gestó en un escenario donde existió una previa ruptura con la estrategia lanzada por el comisionado –también apodado “virrey”‒ de seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, como la vinculación, entre diferentes movimientos sociales en el denominado Movimiento Nacional de Autodefensas.
Aunque secreta, parte la estrategia de seguridad en el gobierno de Enrique Peña Nieto, por lo menos en el primer año de mandato, como se ha señalado en múltiples notas periodísticas, consistió en vaciar las múltiples deficiencias que dejó la pasada administración en materia de seguridad, con las reacciones a la violencia de la propia población civil.
Alentadas en un principio, y después vapuleadas, las autodefensas –sobre todo bajo la recomendación del general Naranjo–, fueron utilizadas en un principio para recuperar los territorios de la zona limítrofe de Michoacán con el estado de Jalisco. Esta información ha sido confirmada por el mismo Mireles, con quien, las autoridades en un principio mantenían constante contacto.
Proscritas desde el momento en que se intentaron politizar, hoy en cambio pretenden ser diezmadas con las fuerzas federales, como en el caso del constante acoso y detención del numeroso contingente de guardias comunitarios en La Mira –otro caso emblemático lo representa Guerrero.
A casi dos años de la toma de posesión de Enrique Peña, aún sin delinearse cuáles serán las directrices de su estrategia de seguridad, la denuncia de la abogada Talía Vázquez Alatorre, la única que ha mantenido contacto con Mireles desde que fue aprehendido, siembra nuevos indicios del proceso que ahora enfrentará él y otros de sus seguidores tras las rejas: la tortura y siembra de pruebas.
Sin duda, con esta detención, el gobierno ha mandado una señal univoca a los demás movimientos armados: se alinean o sufrirán las mismas consecuencias. En tanto, los problemas de seguridad tendrán que esperar.
