Alina Rosas Duarte/@ARD3_0
(13 de febrero, 2014).- Mientras en países como Francia o Bulgaria la técnica de extracción de gas de esquisto o gas shale está prohibida por su alto impacto medioambiental, en México se practica en varios estados del país, entre ellos Nuevo León, Veracruz y Coahuila. Por ello, esta mañana la Alianza Mexicana contra el Fracking señaló la necesidad de prohibir esta práctica en la legislación secundaria de la Reforma Energética.
El fracking o fractura hidráulica consiste en la perforación de un pozo vertical hasta lograr la profundidad deseada, para luego realizar una perforación horizontal de hasta 1.5 kilómetros en diferentes direcciones partiendo del mismo pozo de perforación vertical inicial.
De acuerdo con la Alianza Mexicana contra el Fracking, “no existe diferencia alguna entre el gas de esquisto y el bien denominado gas natural (metano con algunas impurezas que son removidas en el proceso de refinación), la única característica distintiva del gas de esquisto es que se encuentra, precisamente, atrapado en sedimentos de roca abundantes en esquisto”, que a su vez pueden coexistir con petróleo ligero y otros hidrocarburos en la misma placa en una profundidad que va de mil a 5 mil metros.
Miembros de la Alianza señalaron esta mañana que el fracking es una “técnica directamente ligada a la especulación financiera y a Wall Street”, ya que simplemente por ganancias especulativas, operaciones de adquisición y compraventa de acciones, se generan 46 mil millones de dólares, aseguró Francisco Cravioto, por lo cual destacó que las empresas transnacionales que buscan abrir pozos en países como Argentina, China y México prefieren “especular antes que producir” abriendo pozos que generen incertidumbre al momento de la extracción.
Francisco Cravioto y Claudia Campero, miembros de la Alianza Mexicana contra el Fracking, destacaron esta mañana que esta práctica, ya puesta en marcha en México, conlleva la disminución de disponibilidad del agua tanto para consumo de los seres humanos como para los ecosistemas, ya que se requieren de 9 a 29 millones de litros para la fractura de un solo pozo, además la contaminación de las fuentes de agua en donde se lleva a cabo el fracking.
Sin embargo, en el caso de México, será en la regulación de la ley secundaria de la Reforma Energética donde podría quedar establecida la extracción de gas de esquisto por medio de la fractura hidráulica, ya que, aseguró Claudia Campero, “la industria de gas y petróleo tiene un lobby muy fuerte” además de “un apoyo gubernamental fuerte a extender esta práctica por medio del discurso de la soberanía energética”.
Por su parte, el senador perredista Benjamín Robles Montoya indicó “que uno de los aspectos más ominosos de esta andanada privatizadora, tanto por sus impactos ambientales como los sociales, es el llamado fracking […], un procedimiento con un altísimo impacto ambiental”.
“Entre los estragos más prominentes, podemos ubicar, por mencionar algunos: contaminación de las aguas subterráneas, contaminación atmosférica, emisión de gases de efecto invernadero, particularmente el metano; terremotos, a partir de sismicidad inducida; así como contaminación acústica e impactos paisajísticos, entre muchas otras cosas” señaló Robles Montoya.
Emisiones de gases contaminantes, contribución al calentamiento global, residuos tóxicos y conflictos socioambientales son algunas de las consecuencias que el fracking deja en las poblaciones donde se lleva a cabo, por ello, la Alianza Mexicana contra el Fracking demandó la prohibición de esta actividad, así como la planeación e implementación de una política energética que asegure el respeto y garantía de los derechos humanos y específicamente los derechos de los pueblos indígenas y tribales; el derecho humano al agua, al medio ambiente sano, y el impulso de las energías renovables.
