Dos convenios originales utilizados para estafar en Sedatu con triangulación de recursos en universidades y empresas fantasma desaparecieron de los archivos oficiales.
“Dichos convenios contenían firmas falsificadas de dos funcionarios de la dependencia y eran reclamados por ellos para poder comprobar el ilícito de la alteración de rúbrica y deslindar sus responsabilidades de la estafa” informó Reforma.
Ese mismo medio publicó que fueron falsificadas firmas de cinco funcionarios de Sedatu para desviar al menos 600 millones de pesos con distintos convenios con universidades.
Los documentos originales que desaparecieron son el convenio general firmado el 4 de enero de 2016 y el específico firmado el 2 de febrero del mismo año. En el primero, la firma le fue falsificada al entonces subsecretario de Sedatu Enrique González Tiburcio, y el segundo a su subordinado Armando Saldaña.
También desaparecieron siete de nueve oficios de pago de los servicios contratados con firmas falsificadas a Saldaña. Con esos convenios, “Sedatu daría 185 millones de pesos a la Universidad Politécnica Francisco I Madero, de Hidalgo”.
Cabe señalar que, de acuerdo con la información, el 12 de noviembre, Héctor José de la O Chi, director general de programación y presupuesto de la Sedatu, declaró a la Fiscalía General de la República (FGR) que dichos documentos no están en los archivos, al igual que siete oficios con los que fueron justificados los pagos por 185 millones 839 mil 480 pesos por servicios que nunca fueron entregados.
Y aseguró que “su antecesor en el cargo, Francisco Javier Báez Álvarez, no le hizo entrega de dicha documentación en original”.
Personal de la FGR, peritos y agentes de la Policía federal ministerial indagaron en Sedatu el 31 de diciembre qué había sucedido con dichos documentos y corroboraron que “en los acervos de la secretaría no están los oficios de pago relacionados con dichos convenios”, versa la información.
“Báez Álvarez, brazo derecho del entonces oficial mayor de Sedatu Emilio Zebadúa, fue consignado por la FGR por la desaparición de los documentos”. Según datos en poder de Reforma, “Báez operó desde el domicilio de Tennyson número 125 la falsificación de las firmas de distintos funcionarios de Sedatu”.
La Fiscalía General de la República (FGR) determinó que “la firma de un funcionario de la Sedatu fue falsificada en nueve oficios para transferir la mayor parte de los 185 millones de pesos desviados mediante un convenio con una universidad de Hidalgo.
“En una audiencia en la cual libró la vinculación a proceso, Armando Saldaña Flores, director de Ordenamiento Territorial, comprobó con su pasaporte que uno de esos oficios fue suscrito cuando él estaba en Washington y Barcelona”, se puntualizó.
