Redacción / @Michoacan3_0
Morelia, Michoacán.-La participación del crimen en la elección del 2011 está demostrada, el PRI recibió apoyo ilegal, por lo que no puede el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) ser omiso de su obligación constitucional y debe ser garante del respeto a la legalidad, por ello esperamos que actúe a la altura de las circunstancias, sentenció el presidente del Comité Estatal del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Torres Piña.
Lo anterior, al referir que el pasado 8 de mayo, el Tribunal Electoral del Estado, en sesión pública, revocó la resolución número IEM-PA-30/2014, para que el Instituto considere las pruebas presentadas por el PRD que surgieron durante el periodo de gobierno del PRI, pues dichos acontecimientos en su momento no se conocieron, “por lo cual el Instituto Electoral debe analizar las nuevas pruebas y emitir una nueva resolución”.
Torres Piña refirió que en el 2014, el Partido de la Revolución Democrática presentó ante el IEM un expediente en el que se solicitó la cancelación del registro del PRI como partido político estatal en virtud de la intervención del crimen organizado en la elección del 2011 para favorecer a los candidatos de este instituto político.
“Los michoacanos ya saben que sucedió en el 2011, ya juzgaron que el PRI recibió apoyo del crimen, ahora es necesario que las autoridades electorales hagan valer la ley y le retiren el registro al PRI como partido político estatal”.
Carlos Torres Piña recordó que el pasado mes de marzo el Instituto Electoral determinó que ese asunto era cosa juzgada en virtud de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a inicios del 2012 desestimó las pruebas presentadas en su momento por el PRD y el PAN, confirmando la validez de la elección.
Sin embargo, dijo, posterior a la resolución del Tribunal Federal y ya en funciones el gobierno priista, aparecieron nuevas pruebas, tales como declaraciones, videos, notas periodísticas, detenciones y las propias manifestaciones del Gobierno Federal en el que señalaban la evidente debilidad institucional por la intervención del crimen, pruebas con las cuales, subrayó, “queda demostrada la intervención de la delincuencia en favor de los candidatos del PRI”.
