Morelia, Michoacán. La presencia de las mujeres al frente de algún municipio de la entidad podría pasar del 5 al 30 por ciento, derivado del proceso electoral del 2018.
Así lo señaló la presidencia de la Asociación Civil Unión Mexicana de Mujeres, Claudia Vázquez Velázquez, quien al abrir el Seminario sobre la violencia política contra las mujeres, agregó que en el 2018 se avizora un nuevo panorama para que la participación política de las mujeres se extienda a los ayuntamientos.
Apuntó que si bien se observa un avance en la participación de las mujeres como diputada u otros cargos a nivel estatal y federal, en la entidad menos del 5 por ciento de los ayuntamientos están dirigido por mujeres.
Señaló que, en entidades como Coahuila y el Estado de México, se observó un aumento en el número de alcaldesas electas derivado del pasado proceso electoral, al alcanzar un 30 y 25 por ciento respectivamente.
Otro aspecto en el que se espera que exista un aumento, es en el número de denuncias por actos de violencia política contra las mujeres, ya que está estadística también observa un incremento importante al pasar de 16 en 2015 a 146 en 2016, indicó.
Este cambio, señaló, se debe a la creación de cada vez más mecanismos legales para la denuncia, como es el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres.
Sin embargo, el aumento de las denuncias no se traduce en un alza en los castigos de quienes cometen actos de violencia política contra las mujeres.
Así quedó de manifiesto durante la participación de Nancy Domínguez Hernández, Agente del Ministerio Público Federal, quien apuntó que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) únicamente está facultada para sancionar los actos de violencia política que se cometan en elecciones federales.
Sin embargo, subrayó que las candidatas que se presenten en elecciones locales pueden acudir a solicitar el acompañamiento institucional para que se les reconozca su calidad de víctimas, lo que, dijo, ayuda a visibilizar la problemática.
Por su parte, Carla Elena Solís Echegoyen, titular de la Oficina de Derechos Humanos y Atención a Víctimas de la FEPADE, indicó que en Michoacán aún falta mucho camino para visibilizar la violencia política contra las mujeres, por lo que reconoció que los canales institucionales «no están funcionando».
Agregó que la violencia política contra las mujeres se entiende como todos aquellos actos que tienden a limitar y menoscabar los derechos a la participación política de este sector de la población, estos actos pueden ir desde entorpecer el trabajo cotidiano de las servidoras públicas, hasta agresiones físicas, que pueden derivar inclusive en la muerte.
Unos de los actos de violencia política contra las mujeres más recurrentes en el país, añadió, continúa siendo que no se respetan los votos en el caso de que una mujer resulte electa, pues estas son retiradas de sus puestos para que el lugar lo ocupe un varón.
Apuntó que en México otro de los retos sigue siendo que la normativa aún vigente únicamente reconoce como delitos electorales los que se cometen durante la jornada electoral, por los hechos cometidos antes o después, no son aun reconocidos dentro de este tipo de delitos, lo que también obstaculiza la sanción de la violencia política contra las mujeres.