Presión indígena frena a la Corte: comunidades de Michoacán logran suspender discusión sobre autonomía y presupuesto directo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió suspender, de último momento, la discusión sobre la autonomía y el derecho al presupuesto directo de comunidades indígenas en Michoacán, luego de intensas movilizaciones encabezadas por pueblos mazahuas, purépechas, nahuas y otomíes.

El caso central es el de Crescencio Morales, comunidad mazahua que interpuso una controversia constitucional tras ver vulnerado su derecho al autogobierno y la administración directa de recursos, garantizado en el artículo 2º de la Constitución. La SCJN tenía programado debatir este martes tres controversias impulsadas por los ayuntamientos de Zitácuaro y Erongarícuaro, que buscan revertir las reformas estatales que reconocen este tipo de autonomía.

Sin embargo, la Corte retiró los asuntos de la lista sin mayor explicación, posponiendo la discusión para el 5 de agosto, en una decisión que responde claramente a la presión de los pueblos indígenas que se movilizaron hasta sus puertas.

Las comunidades se hacen escuchar

Durante una transmisión en vivo desde la sede de la Corte, Silvestre Chávez, presidente del Concejo de Autogobierno de Crescencio Morales, agradeció la solidaridad y acompañamiento de numerosas comunidades indígenas que se sumaron a la protesta: Santa Fe de la Laguna, Cherán Atzicurín, Arantepacua, Angahuan, Isla de Janitzio, San Mateo Ahuirán, Carpinteros, entre muchas otras.

“La Corte tiene en sus manos gran parte del futuro de nuestras comunidades. Hemos conquistado estos derechos con lucha, y no vamos a permitir que nos los quiten por presiones políticas”, dijo Chávez, quien recordó que el precedente está del lado de los pueblos: en 2024, la SCJN ya había avalado el derecho de Crescencio Morales al autogobierno y a recibir directamente el presupuesto que le corresponde.

La Corte en la mira

Pese al precedente favorable, el caso fue retomado para una nueva discusión, con base en nuevas controversias presentadas por ayuntamientos que se niegan a ceder el control del presupuesto a los pueblos autónomos. Para las comunidades, el riesgo es claro: una resolución regresiva significaría un duro golpe a años de organización y conquista de derechos colectivos.

En un pronunciamiento firmado por concejos comunales y el Frente por la Autonomía de Consejos y Comunidades Indígenas —difundido por la ministra Lenia Batres—, se acusa a la SCJN de ceder ante los intereses de las élites políticas:

“Los ministros quieren proteger los privilegios de los políticos y los municipios que siempre han sometido y excluido a nuestras comunidades. Lo maquillan de legalidad, pero es una forma de racismo institucional”.

La disputa sigue

Las comunidades ahora se preparan para la sesión del 5 de agosto, exigiendo que la Corte actúe con base en la Constitución y en los tratados internacionales que reconocen el derecho de los pueblos indígenas al autogobierno y la libre determinación. El mensaje desde Michoacán es claro: no permitirán que los retrocesos legales anulen décadas de resistencia y organización comunal.

16 julio, 2025

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