Los legisladores locales del Partido Acción Nacional, promovieron este miércoles un amparo colectivo ante el Poder Judicial de la Federación en contra de los gobiernos Federal y Estatal por el bloqueo de vías y la suspensión de clases en Michoacán
Encabezados por el dirigente estatal albiazul Oscar Escobar Ledesma, los diputados albiazules buscan el amparo de la ley contra violaciones al derecho de libre tránsito, y al derecho a la educación de los niños.
Frente al jaloneo que han sostenido Federación y Estado por el tema educativo, y la prevalencia de los bloqueos por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) los legisladores panistas consideran que es el Poder Judicial el posibilitado en poner orden a la situación.
En entrevista Escobar Ledesma apuntó que los ciudadanos les han venido demandando acciones sobre lo que ocurre en Michoacán, “por eso venimos a presentar ante el Juzgado de Distrito un amparo colectivo contra el Gobierno Federal y el Estatal por la incapacidad que han tenido con el problema de la CNTE.
“En el PAN no somos ajenos a esta situación, todos los días nos han llegado solicitudes y peticiones de ciudadanos para que los ayudemos ya que esta crisis está afectando a todos los michoacanos; estamos a favor de que se resuelva esta situación pero no que haya consecuencias negativas en contra de los niños y los empresarios”.
Informó que el amparo colectivo es promovido por los integrantes de la bancada panista a partir de las peticiones de intervención que les han venido solicitando ciudadanos y empresarios.
El amparo
En el juicio de amparo promovido, los legisladores albiazules apuntan que uno de los conceptos de violación que son vulnerados por las autoridades señaladas es el derecho humano de la seguridad jurídica, que a su vez exige que las actuaciones de las autoridades estén debidamente fundadas y motivadas.
“Los actos que dan origen al conflicto que se encuentra en este momento aconteciendo en la entidad, se estima que no se encuentran fundamentados ni amparados por dispositivo normativo alguno”.
Apuntan que el derecho humano de acceso a la educación se encuentra consagrado en el artículo tercero de la Constitución, “en este sentido, la ausencia de los profesores cuya función primordial es la de brindar educación de calidad a los menores, constituye una violación flagrante a los derechos de los menores de edad michoacanos, los cuales sin tener un ápice de responsabilidad en el conflicto señalado pagan las consecuencias de los actos de terceras personas”.
También argumentan que se está violentando el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los menores por parte de las autoridades, debido a su omisión.
“En este sentido, la omisión tanto del gobierno federal como del gobierno estatal de asumir las responsabilidades que les correspondan, constituye un atentado en contra de la manera en la que los individuos nos concebimos y nos autorealizamos”.
Argumentan que la omisión de pago al profesorado genera que no cuenten con los elementos suficientes para poder satisfacer las necesidades que se tienen que cumplir, tanto las propias como con las familias que dependen económicamente de ellos. Esta carencia de recurso merma el estilo de vida, las costumbre y transgrede la cotidianidad de las personas que se encuentran en las manifestaciones que el profesorado dirige”.
Y agregan: “no obstante, este derecho no solamente es violentado a los sujetos enunciados en el presente concepto de violación, sino que también a aquellos comerciantes, empresarios y transportistas que por los múltiples bloqueos se ven imposibilitados de desarrollar sus actividades laborales y que no les permite desarrollarse con plenitud en sus áreas de ejercicio laboral”.
Hablan también de la violación al derecho al desarrollo refiriendo que la ausencia de los profesores en clases y sus bloqueos en las vías ferroviarias de transporte y comunicación, “implican que no se satisfagan cabalmente el cúmulo de derechos señalados con anterioridad.
“Si bien es cierto, que el derecho al desarrollo es de corte difuso, por llamarlo de alguna manera, conlleva la corresponsabilidad de todos los niveles de gobierno, en este caso el estatal y federal, de colaborar en su cumplimiento, cuestión que no es clara en el presente asunto”.
