Defensa de los bosques, restitución de territorios, solución a conflictos agrarios y garantías de acceso al agua, son las condiciones que exigen comunidades indígenas de Michoacán de cara al Plan de Justicia para los Pueblos Originarios.
Luego de las gestiones del gobierno de Michoacán para acelerar el proceso ante la Secretaría de Gobernación, el Consejo Supremo Indígena se posicionó respecto al tema.
Actualmente existen al menos 18 planes de justicia indígena en distintas regiones del país, en casos concretos como los pueblos Yaquis y Tarahumaras.
Celebraron la experiencia del norte del país en donde incluso, se desplegaron más de 1 mil 800 millones de pesos para la atención de los pueblos Yaquis.
“Esperamos que se establezca una mesa de trabajo con la titular de SEGOB Luisa María Alcalde, para que se le dé seriedad a los trabajos y se establezca el Plan de Justicia para los Pueblos Originarios de Michoacán. En todo México hay 18 planes de justicia de este tipo, pero ninguno para Michoacán a pesar de que hay más de 500 mil personas que se autoadscriben como indígenas”, manifestó el CSI.
Las estadísticas de marginación no han cambiado en torno a los pueblos; según las propias estadísticas oficiales, entre los años de 2018 y 2020, el porcentaje de la población indígena en situación de pobreza aumentó de 75.8 por ciento a 76.8 por ciento de igual forma, la pobreza extrema en la población de las comunidades originarias incrementó del 35.1 por ciento a 35.7 por ciento (CONEVAL 2021), es decir 7.5 de cada 10 indígenas viven en la pobreza y el 35 por ciento en la pobreza extrema.
Este fin de semana, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se reunió con la titular de Segob, Luisa María Alcalde Luján, en donde el mandatario compartió el interés de su administración y del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, para trabajar en conjunto el plan de justicia que permitiría reforzar el reconocimiento a los derechos de las comunidades indígenas.
Expuso que el pasado 5 de septiembre, gestionó por oficio a la Segob, la organización de una segunda mesa de diálogo encaminada a construir la ruta de trabajo del Plan de Justicia Indígena en Michoacán, tras acuerdo generado entre autoridades del estado e integrantes de la comisión del Consejo Supremo Indígena.