Alejandro Baltazar/ @Doncaracol3_0
Morelia, Michoacán.-“La seguridad no se declara, se garantiza” señaló Daniel Moncada, coordinador estatal del Movimiento Ciudadano en el estado, al referirse a la labor que hasta el momento ha desempeñado el comisionado especial para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo.
Esto debido a los últimos datos presentados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Nacional, en donde el estado de Michoacán, en lo que va del año, ha reportado significativos aumentos en los índices delictivos, tanto en denuncias, homicidios, secuestros y extorsiones en comparación con lo registrado en el año 2013.
Además, señaló que la figura del comisionado no ha dado los resultados esperados, tanto en seguridad como en desarrollo social y económico, por lo que su función se encuentra en entredicho.
“Alfredo Castillo utiliza la ley de manera selectiva y la impunidad persiste en el estado, cuando se les ha dado protección a verdaderos criminales mientras se castiga severamente a ciudadanos.” Agregó la representación de Movimiento Ciudadano en el estado.
Por ello, en conjunto con más miembros del Movimiento Ciudadano Michoacán demandaron la libertad inmediata del doctor José Manuel Mireles, así como del resto de los miembros del grupo de autodefensa detenidos.
“El gobierno no puede ser juez y parte, refleja un claro autoritarismo, primeo detiene, consigna, juzga, declara, sanciona a través de los medios a las personas y eso no se apega a un sistema democrático, donde se respeten los derechos humanos” señalaron al respecto de la forma como Mireles Valverde fue detenido.
Moncada Sánchez señaló que desde el 2006 que dio inicio la estrategia de seguridad en Michoacán, los resultados han sido de fracaso, puesto que no se ha conseguido pacificar el estado y producto de esta guerra existe más de 5 mil niños huérfanos así como 2 mil desplazados.
Por todo esto urgió a la federación a que escuche la voz de los michoacanos que desean la paz y deje de aplicar la cárcel y la política de “el garrote” para quienes “no comparten su estúpido e ineficaz modelo de seguridad”.
Y destacó la urgencia de que en Michoacán se aplique un Estado de Derecho que permite que las voces de los ciudadanos sean escuchadas y termine con la impunidad, la pobreza y la violencia que aquejan al estado desde hace más de diez años.
