Fundada en el año 2000, la Universidad Tecnológica de Morelia (UTM) enfrenta una debilidad institucional derivada de conflictos generados en principio por las propias autoridades al disminuir su presupuesto, intervenir en su autonomía con la imposición de directivos y alentar un marco de reclamos donde la parte sindical ha sacado provecho al negociar posiciones ante el aumento de conflictos con el personal docente, con la asignación desde el 2015 de más de 6 millones de pesos anuales “sin justificación o rendición de cuentas alguna”.
Desde hace ya casi tres semanas, las instalaciones de la UTM se encuentran tomadas por integrantes del Sindicato Único de Trabajadores (SUTUTEM), con presencia en 16 de los 19 años de creación de la dependencia, cuyo líder Gerardo Bolaños demanda la renuncia de la actual rectora, Minerva Bautista, al aducir una serie de despidos presuntamente injustificados –entre ellos el de varios de sus familiares-, y la creación de otra agrupación gremial para contrarrestar su fuerza.
En un documento elaborado por los diputados federales Ana Lilia Guillén Quiroz e Hirepan Maya Martínez, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quienes plantearon el 4 de diciembre del año anterior un punto de acuerdo para practicar una auditoría a la UTM en los años 2016 a 2018, se indica que hasta el 2015 la institución desarrolló bajo cierta normalidad sus actividades. En el 2014, se contaba con un presupuesto de 52 millones 367 mil 374 pesos; en el 2015, se dio una reducción de 4.05 por ciento al asignarse sólo 50 millones 229 mil 620 pesos, anualidad en la que también se registró un descenso en la matrícula, con 300 estudiantes menos, de una matrícula que en el 2014 era de mil 738 alumnos.
En el 2015, al margen del Consejo Directivo de la UTM, el gobernador interino en ese entonces, Salvador Jara Guerrero, “dio una suerte de golpe de estado técnico” al designar a Teresa Bautista Hernández, “mediante la destitución sin motivo y sin explicación oficial, del rector Alfredo Rosales Rosales, quien debería de haber concluido su periodo hasta el mes de abril del 2016”.
Esta violación a la legalidad, se aduce por parte de los legisladores, generó “un deterioro inmediato de la vida institucional y académica de esa casa de estudios”, en las que incluyen la disminución de la matrícula en un 17 por ciento; la reducción en casi 5 por ciento de los recursos financieros, el aumento en 100 por ciento de las demandas internas y “conflictos laborales con el personal docente (que) le han costado a la Universidad casi el 5 por ciento de sus recursos económicos”.
Otro efecto, fue “que casi el 20 por ciento del personal sustantivo de la institución, como lo son los profesores de asignatura hayan sido removidos, despedidos o se les han disminuido sus horas clase, puesto que no se premiaba lo académico y sí en cambio se privilegió lo político, con la consecuente disminución de la calidad en la educación”.
Ante este resquebrajamiento institucional, ligado a despidos de docentes que habían concursado para ello por oposición, reducción de cargas académicas, 25 demandas laborales interpuestas y hasta un embargo de una cuenta en la UTM por 2 millones 300 mil pesos, entre febrero y mayo del 2015, la rectora Teresa Bautista Hernández alentó ante la presión sindical -al pertenecer la mayoría de los afectados al Sindicato de Empleados (SEUTEM), de carácter independiente-, la creación de otra formación gremial y oficialista, el Sindicato Único de Trabajadores (SUTUTEM), con lo que a cambio permitió que su dirigente hasta la actualidad, desde ese tiempo integró a la nómina “a su esposa Laura Viera Jaramillo, quien primero se desempeñó como maestra sin estar titulada”, quien hasta finales del año anterior fungía como directora de Diseño Textil y Moda, además de “su cuñada Erika Viera Jaramillo, y a su sobrino Adrián Bolaños López”.
El documento de los legisladores especifica que desde entonces la Rectoría de la UTM heredó “una costosa carga financiera” a la dependencia, con el rubro de “apoyos al sindicato” establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo del 9 de septiembre del 2015, “por lo que se le otorgan de manera directa a dicho gremio, sin justificación o rendición de cuentas alguna, la cantidad de $6,058,500.00 (seis millones cincuenta y ocho mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) al año
Esta situación prevaleció hasta finales del año anterior, cuando al ser designada Minerva Bautista, ésta decidió suspender a los familiares de Bolaños, e incluso a éste mismo como trabajador en noviembre del 2018. El enfrentamiento entre la funcionaria y el gremio alcanzó su punto más alto, cuando en febrero pasado no se cubrieron algunos conceptos planteados en el Contrato Colectivo de Trabajo que a juicio de Bautista son “extralegales”, como aportaciones para la renta de un local, al igual que la creación de un fondo de ahorro por 4 mil 500 pesos para cada trabajador y de los que según la Rectora, Bolaños hace un uso discrecional de los mismos, entre otros conceptos.
