La reforma energética impulsada y promulgada por Enrique Peña Nieto ha sido calificada como una medida saqueadora, que lejos de impulsar el desarrollo como lo han presumido sus diseñadores, llevará a México a una situación complicada.
En tal sentido diversos sectores de la sociedad han demandado que las repercusiones de esta reforma no sólo serán en el terreno económico, sino también en otros aspectos en donde la población del país se verá afectada de manera directa.
De acuerdo a María Colín, asesora legal de Greenpeace México, la aprobación de la reforma energética debe verse como una medida que no está alejada de las cuestiones de derechos humanos, ya que, dijo, muchos de estos se verán trastocados con la implementación de las actividades derivadas de este nuevo marco legal.
“Es importante dejar en claro que este paquete de reformas en materia energética implica graves violaciones a derechos humanos. En tal sentido implica afectaciones en los conceptos de interés público, el orden público, interés social”, señaló.
La jurista detalló que el considerar en la legislación al sector hidrocarburos como preponderante frente a otras actividades permitirá que ocurran graves violaciones en aspectos como el derecho a la tierra, territorio o afectaciones a los recursos naturales.
Asimismo mencionó que las comunidades indígenas serán de los sectores más afectados pues buena parte de los recursos energéticos se encuentran en las zonas que habitan.
“Al considerar preponderante se presentaran gravísimas violaciones a la autodeterminación y desarrollo de los pueblos originarios, así como violaciones al derecho de consulta y consentimiento libre, previó e informado”, manifestó.
Cabe mencionar que el desarrollo de proyectos de la industria extractiva ha tenido como uno de los principales afectados al sector indígena. Hoy en día se presentan casos como el de los pueblos originarios de la sierra Norte de Puebla quienes desde hace un par de años han iniciado una lucha por su territorio ante el intento de imposición de megaproyectos mineros y energéticos, entre ellos fracking.
Explicó que a partir de la aprobación de la reforma energética uno de los derechos que se vio violentado es de la libertad de expresión. Indicó que cada con mayor frecuencia, es posible observar como el gobierno reprime y persigue a los activistas ambientales, comunidades o sociedad en general que se manifiesta en contra de la reforma y la realización de los proyectos.
Añadió que con la implantación de los proyectos contemplados en el nuevo panorama energético nacional el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la salud así como el derecho al agua serán afectados, este último en especial por la implementación de la técnica de fracturación hidráulica para extraer gas o petróleo en lutitas.
“Las actividades de fracking, el uso de grandes cantidades de agua para esto implican afectaciones al derecho al agua porque estarán despojando de agua a las comunidades y la destinaran en grandes cantidades para este uso. También implica la introducción al subsuelo de grandes cantidades de químicos que por supuesto va a conllevar las violaciones a distintos derechos de las comunidades como el de la salud, por la contaminación producida”, sentenció.
María Colín explicó que con estos agravios, la reforma energética implica violentar el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, este incluido en el artículo primero de la Constitución mexicana. “Claramente con este aval que se da a la reforma es violatorio de este principio de no volver a tras a las violaciones de derechos humanos”, indicó
Detalló que un grupo de organizaciones han identificado y denunciado que con esta nueva legislación se violan varios tratados internacionales como: la Convención Americana de Derechos Humanos; el Protocolo de San Salvador; el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales; el convenio 169 de la Organización internacional del Trabajo (OIT) que se refiere a pueblos indígenas o tribales muy en particular a la parte que aborda la consulta previa libre e informada de los pueblos indígenas; así como la declaración de Rio sobre medio ambiente.
“Esto es a grandes rasgos lo que implica las violaciones a derechos humanos derivadas de la reforma energética (…) Es imposible decir que esta reforma no es regresiva, que no va afectar derechos de distinta índoles”, finalizó.
