“Salomónicamente” los diputados locales eludieron su responsabilidad fiscalizadora sobre el manejo de los recursos públicos en los municipios michoacanos con la dictaminación de sus cuentas del 2017, y así evitar ser señalados a futuro por omisión o incumplimiento de la norma.
La madrugada de este viernes el Pleno de la LXXIV Legislatura del Congreso aprobó por unanimidad el dictamen sobre los informes elaborados por la Auditoría Superior de Michoacán en torno a la fiscalización de las cuentas públicas municipales 2017.
Pese a la deficiencia y opacidad del trabajo presentado este año por la Auditoría Superior de Michoacán en sus informes, y pese a que los propios legisladores acusaron en comisiones el desaseo y la falta de elementos para emitir un juicio, al final determinaron eludir el cumplimiento de su responsabilidad a plenitud, y aprobaron un dictamen que los pone a salvo de ser señalados como omisos.
Cabe recordar que la Auditoría Superior de Michoacán es el órgano técnico del Congreso para que éste de cumplimiento a su responsabilidad constitucional en la fiscalización de los recursos públicos.
Para cumplir con el mandato legal que establece como plazo el 31 de marzo para aprobar los dictámenes de las cuentas públicas municipales y frente al desaseo en el trabajo de la Auditoría, la salida “salomónica” que los diputados usaron, fue aprobar un dictamen en el que se mandata algunas acciones a la Auditoría para que les allegue información, sin ningún tipo de medida sancionatoria por el incumplimiento, y sin ninguna medida que le permita al Pleno Camaral tener en algún momento conocimiento sobre el manejo de los recursos públicos municipales en 2017 y poder emitir una conclusión informada al respecto.
Pasada la medianoche, de los 36 diputados que acudieron a la sesión ya sólo quedaban 31. Cuatro legisladores de plano ni se preocuparon en asistir a la sesión: Antonio Soto Sánchez, Alfredo Ramírez Bedolla, Adriana Hernández Íñiguez y Lucila Martínez Manríquez.
Frente al desaseo en el Poder Legislativo para la revisión de las cuentas, las autoridades municipales que ejercieron los recursos durante 2017 acabaron por salir bien libradas, con mínimas o nulas observaciones.
Eso sí, para no ser motivo de mayores críticas, en su dictamen los legisladores dejan asentada su conclusión de que los informes de la Auditoría “no se presentaron en apego a la legislación aplicable”, pero son indulgentes al señalar que éstos “pueden” no reflejar razonablemente la situación financiera de las Haciendas Municipales del Ejercicio Fiscal 2017, del gasto público y la Evaluación al Desempeño Institucional y de los servidores públicos.
Y para que la Auditoría subsane mínimamente lo que no hizo, se le dan 60 días de plazo para que entregue los informes de 28 municipios que no entregó; otros dos meses para que le haga llegar los nombres de los funcionarios que no entregaron la cuenta de Coalcomán; y 60 más para que presenta el informe de resultados sobre Nahuatzen.
