Hasta el momento se han presentado cinco mil 165 amparos contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP) la cual les impide ganar más de 108 mil pesos mensuales, que que es lo que gana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Consejeros electorales, jueces, magistrados, trabajadores del Banco de México y hasta de la Secretaría de Gobernación, entre otras dependencias se unen al amparo.
Los amparos buscan revertir el tope salarial que propone Presidencia de la República, el cual sería obligatorio no sólo para los funcionarios dependientes del Ejecutivo federal, sino también a organismos autónomos y descentralizados . Estos fueron promovidos en contra de la ley tanto de su texto original de noviembre pasado como del reformado que se publicó el 19 de abril.
El 4 de diciembre de 2018, el máximo tribunal ordenó que todos los amparos fueran aplazados en tanto resolvía las primeras controversias sobre el asunto, lo que ocurrió hasta mayo siguiente.
En la revisión, los ministros concluyeron que si bien es constitucional que se establezca que ningún servidor público puede ganar más que el Ejecutivo federal, la norma de remuneraciones carecía de parámetros para fijar esta percepción.
La Suprema Corte ordenó al Congreso de la Unión aclarar en la LFRSP los parámetros para fijar el sueldo presidencial, que serviría como tope para definir los ingresos del resto de los funcionarios públicos.
Con el acuerdo, el Consejo de la Judicatura busca que ambos juzgados federales, alivien la carga de trabajo a los jueces en dónde se originen los amparos y emitan sentencias más rápidas.
Detallá que las personas que interpongan un juicio de amparo, podrán dar seguimiento a sus trámites, como la consulta del expediente electrónico en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.
En el análisis de la impugnación de dicha ley, la Corte concluyó que el Congreso de la Unión deberá legislar sobre el parámetro con el que se establece el salario del presidente, esto debido a que es un tema complicado y delicado, ya que implican recursos públicos.
