Orlando Aragón Andrade
He seguido con atención lo ocurrido tras el anuncio de las autoridades universitarias sobre el restablecimiento de las cuotas de inscripción en la Universidad Michoacana. También he revisado con atención los mensajes “aclaratorios” que las mismas autoridades han emitido ante el descontento que dicho anunció ha causado en la comunidad universitaria. Lo que más me ha llamado la atención de estas comunicaciones es su similitud con el discurso empleado por las autoridades del gobierno del Estado.
Claro está, no se puede sostener que los dos discursos sean exactamente iguales, pero es innegable que tienen muchos elementos en común. No obstante, considero que dos sobresalen visiblemente del resto. Estos dos puntos en común se pueden calificar como el de la “necesidad” y el de la “responsabilidad”, que en una conjunción oportunista se nos presentan por las dos autoridades como una realidad inexorable.
Pongamos en palabras sencillas esta formulación. Lo que hacen estas dos autoridades básicamente es admitir, y a veces hasta lamentar con cierta dosis de hipocresía, la existencia de una obligación legal por parte del gobierno del Estado para cubrir esas cuotas, pero al mismo tiempo sostener que no hay recursos económicos en el erario público para cubrir este compromiso.
Acto seguido se llama a la “responsabilidad” de los michoacanos y de la comunidad universitaria para “salvar” a la Universidad, y de paso, cuando es posible, a olvidarse de las “fantasías populistas” como la gratuidad universitaria que fueron promovidas de forma “irresponsable” por el anterior gobierno del Estado.
Por si no fuera poco, dentro de toda esta diatriba, se moviliza el chantaje del “amor a la Universidad” que al parecer para las autoridades universitarias se reduce, en este caso en particular, a que los estudiantes absorban el gasto que por “necesidad” el gobierno del Estado no puede cubrir. Esto, se nos dice, es nuestra realidad, no hay opción, no hay otra salida. Hay que simplemente cooperar y absorber el costo, sin ningún tipo de discusión.
No debe sorprendernos pues la similitud de este discurso con retórica genérica de las reformas neoliberales. En todas ellas se formula un discurso políticamente correcto, que generalmente está basado en el mismo fatalismo oportunista, para desmantelar lo poco que queda del Estado de bienestar.
¿No es, por ejemplo, la misma situación que sucede con de los derechos laborales y las prestaciones sociales conquistadas en el siglo XX? ¿No acaso estas reformas se han legitimado en la “necesidad” del Estado ante la ausencia de dinero, en las crisis económicas recurrentes, en la carencia de otras opciones “realistas” y finalmente en el llamado a la “responsabilidad” de los mexicanos para darle viabilidad económica a nuestro país?
Volviendo a Michoacán será qué verdaderamente el gobierno de Fausto Vallejo no tiene dinero para cubrir esta obligación legal con la Universidad Michoacana. Si esto fuera así, cómo entender entonces, como ya lo han advertido varios estudiantes universitarios, el donativo millonario que el gobierno del Estado hizo hace unas semanas al teletón ¿Acaso el teletón es más importante para el gobierno del Estado que la gratuidad en la Universidad Michoacana?
No sólo desde ese punto se puede cuestionar el “realismo” promovido por las autoridades gubernamentales y secundado de alguna manera por las autoridades universitarias. Sólo falta cuestionarnos cuánto dinero público dedican el gobierno federal y estatal para mantener la política de combate al crimen organizado desde hace dos sexenios en Michoacán. ¿No es esto un indicativo más de que, primero, sí hay dinero y de que, segundo, en Michoacán la apuesta gubernamental es el control policiaco y militar, y no la educación universitaria de los michoacanos y demás mexicanos que estudian en nuestra Universidad?
Ahora bien, no sólo es cuestionable el proceder del gobierno del Estado, sino también el de las autoridades universitarias que en lugar de defender hasta sus últimas consecuencias la gratuidad de la educación universitaria se han dejado seducir por el discurso “realista” de la “necesidad” y de la “responsabilidad”. Estoy convencido que el papel que le corresponde a las autoridades universitarias es defender con todos los recursos que tiene a su mano, las conquistas y los derechos de los universitarios, y no sumarse a la campaña de desmantelamiento de la educación pública que vive actualmente nuestro país.
De tal manera, que habría que decirles a las autoridades universitarias que el punto no es, como lo han pretendido colocar, que los estudiantes paguen el monto que puedan de cuota de inscripción (sean $500, $200 o $20). El punto es que la gratuidad de la educación universitaria es un derecho de los estudiantes, de los michoacanos y de los mexicanos que estudiaron, estudian y que estudiarán en nuestra Universidad; y al mismo es una obligación que el gobierno no puede dejar de cumplir, por lo menos no con la complicidad de las autoridades universitarias.
Tampoco se puede exigir a los estudiantes una cuota de ingreso cuando en la Universidad Michoacana existen tan pocos controles de transparencia en el manejo de los recursos de muchas de sus dependencias. Menos aún existen prácticas democráticas que garanticen que el monto de las cuotas será empleado de forma tal, que la voz de los estudiantes y de la sociedad en general será tomada en cuenta a la hora de definir las prioridades y políticas de la Universidad.
Por lo tanto, si hay un universitario que quieran manifestar su gratitud con la Universidad Michoacana mediante un donativo de dinero se puede aceptar, pero por ese concepto, como un donativo, un regalo que se hace a la Universidad. Lo que es inadmisible es que se pretenda equiparar esta gratitud con la Universidad, el “amor por la Universidad”, con el pago de una cuota de inscripción para estudiar.
Seamos, pues, verdaderamente realistas y exijamos un cambio de prioridades en las políticas gubernamentales aplicadas en Michoacán. Más educación universitaria, menos policía y menos televisión. Seamos verdaderamente responsables y no marginemos aún más a los jóvenes de Michoacán y de México, no los condenemos a migrar de su país o a enrolarse en las bandas del crimen organizado. Amemos verdaderamente a nuestra Universidad y defendamos su carácter público y gratuito; así como todos los derechos que los universitarios de otras generaciones han conquistado.
Ante el “realismo” de las autoridades estatales y universitarias es preciso invocar la vieja, pero más vigente que nunca, consigna de los movimientos estudiantiles de los sesenta: ¡SEAMOS REALISTAS EXIJAMOS LO IMPOSIBLE!
Por todas las anteriores razones quiero felicitar a los miles de estudiantes que han manifestado abiertamente su rechazo a esta medida, a todos aquellos que han comenzado a organizarse para defender sus derechos; ustedes son los universitarios que Michoacán y México necesita urgentemente. Desde Portugal (donde trabajo temporalmente como Investigador en la Universidad) y en mi calidad de michoacano, de nicolaíta y de profesor de la Universidad Michoacana les envío toda mi solidaridad y todo mi apoyo.
